En el curso del proceso, ha quedado acreditada la peligrosidad de los agrotóxicos utilizados en forma masiva sobre barrio Ituzaingó, ante la pasividad del Estado nacional y del provincial.Rubén Arroyo, María Elena Mercado, rabino Marcelo Polakoff y padre Rafael Velasco SJ.
En los Tribunales de la ciudad de Córdoba se está desarrollando un juicio de enorme trascendencia para los derechos humanos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo denunciaron, junto con un grupo de médicos, que los agroquímicos con los que se fumigan campos colindantes al barrio, caen irremediablemente sobre los vecinos, ocasionando un enorme impacto en su salud.
Existen contabilizados 194 enfermos de cáncer en un sector de cinco mil habitantes. Esta situación se repite, de forma similar, en miles de pueblos fumigados en nuestro país, y de allí su trascendencia.
Las denuncias se vienen multiplicando desde hace 10 años, pero recién ahora el Poder Judicial asume la responsabilidad de analizar, a la luz de la Ley de Residuos Peligrosos y de los delitos contra la salud pública previstos en el Código Penal, el actuar inescrupuloso y delictivo de los imputados, quienes intoxican a los pobladores y afectan gravemente sus derechos a la salud y al ambiente sano.
En el curso del proceso ha quedado acreditada la peligrosidad de los agrotóxicos utilizados en forma masiva sobre este barrio (glifosato, endosulfán y clorpirifós, principalmente) ante la pasividad del Estado nacional y del provincial, que no aplican el “principio precautorio” de nuestra legislación ambiental.
Los testimonios de los habitantes del barrio, refiriendo cómo murieron sus esposas, sus hijos y sus vecinos en los últimos años, se ven ratificados por el hecho de que allí existe una tasa de muertes por cáncer del 33 por ciento, mientras que en el resto de la ciudad de Córdoba es de un 19 por ciento.
Durante el juicio (foto) fue posible explicitar cómo la producción basada en semillas transgénicas –en general, con un alto consumo de agrotóxicos para cultivos extensivos– llevó al país a utilizar más y más dosis de pesticidas que muchas veces contaminan el ambiente donde viven 12 millones de personas, y cargan con residuos venenosos los alimentos que consumimos o que se exportan.
Los médicos de los pueblos fumigados encuentran elevadas tasas de abortos y de nacimientos con malformaciones en sus pacientes de nuestra zona rural.
No podemos desconocer que en este proceso también se expresan poderosos intereses corporativos e internacionales del llamado “agronegocio”.
Entendemos que el Poder Judicial, a través de una sentencia ejemplar, que aplique con rigurosidad las leyes vigentes, hará justicia para las Madres de Barrio Ituzaingó. Pero además dependerá de dicha decisión judicial que las instituciones que ordenan la sociedad (Estado nacional, provincial y municipal), vuelvan a privilegiar los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, cesando en su actitud permisiva de estos gravísimos hechos.
* Copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-Córdoba
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