martes, 27 de noviembre de 2007

Aprobaron ordenanza contra la mega-mineria en Villa Giardino


27/11/2007 07:36 AM


Villa Giardino, Córdoba, Argentina - 26/11/07. El día 23-11-07 el Consejo Deliberante de Villa Giardino aprobó por unanimidad la Ordenanza en contra de la megaminería química. En esta provincia, también el concejo deliberante de la localidad de Villa de las Rosas sancionó una ordenanza similar que posteriormente vetó el ejecutivo municipal contra la voluntad de los vecinos. En todo el oeste y noroeste provincial las comunidades luchan oponiéndose a la minería a gran escala.
Ver también Villa de las Rosas dio marcha atrás en su limitación a la minería


Los Vecinos Autoconvocados de Villa Giardino, localidad ubicada en el Valle de Punilla (Córdoba) festejan hoy la obtención de la ordenanza municipal que prohibe la minería a cielo abierto en todo el éjido del municipio. Con este logro se suma a las diversas localidades, en donde gracias a la movilización popular, se ha logrado obtener la ordenanza inhibitoria para estos emprendimientos.
http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=927

QUE BIEN QUE FUNCIONA LA POLICIA EN CORDOBA !!!!!!!!

27/11/2007 08:37 AM

Detienen a dos jóvenes cordobeses por hacer pintadas antimineras

Córdoba, Córdoba - 27/11/07. En la madrugada de ayer detuvieron a una compañera de Peperina Rebelde, Debora Cerutti y a otro chico, por hacer pintadas con mensajes contra la minería en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Las pintadas decían "Barrick miseria irresponsable", "No a la mina" y otros.



La acusación de la policía es de "delito calificado" y se trata de criminalizar un medio de expresión que intenta poner en la vía pública, nuestras problemáticas sociales/ambientales Los chicos continúan detenidos, y nos informaron que posiblemente esten 72hs dentro del penal.

Mientras tanto, les solicito que reenvien esta info a las distintas asambleas para apoyar a nuestros compañeros y que enviemos alguna adhesion a la casilla de correo de Debora: debocerutti@hotmail.com

QUE BIEN QUE FUNCIONA LA JUSTICIA EN CORDOBA !!!!!

Martes, 27 de Noviembre de 2007

El sacerdote que puede ir preso por resistir un desalojo rural

Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.

Por Darío Aranda
desde Serrezuela, Córdoba
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Carlos Julio Sánchez está enjuiciado junto a diez campesinos.

Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías –la última lluvia cayó hace ocho meses– y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado –junto a diez campesinos– y ahora afronta un juicio por “daño calificado agravado por delito en banda”, con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda “Ni un metro más. La tierra es nuestra” y comparte un mate recién preparado.

“Para un campesino, la justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización ha crecido la concientización, y las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida”, explica el cura.

Y cuenta cómo fueron los hechos por los cuales ahora está imputado. “El 5 de febrero de 2005 había reunión de delegados, hacía un calor asfixiante, más de 40 grados, viento caliente. Había pasado más de un mes del alambrado en las aguadas y los animales no podían tomar agua. Los Loyola estaban desesperados, plantearon el caso en la reunión y pidieron ayuda para sacar el alambrado y abrir paso a los animales. Y así se hizo”, resume el cura Sánchez, que visita las comunidades a diario y aporta sus dibujos en cartillas, periódicos y afiches del MCC. “Pero el empresario hizo la denuncia en la policía, la elevaron a Fiscalía e imputaron, con rapidez meteórica, a diez miembros del MCC y a mí”, explica y mueve la cabeza, en gesto de desaprobación.

Las familias campesinas suelen padecer presiones de empresarios para abandonar sus parcelas. Radican denuncias, pero escasas veces las causas prosperan. El MCC, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, detalla que sólo en el norte de Córdoba afrontan un centenar de conflictos, con cerca de 100.000 hectáreas en disputa. “Ha habido algunas intervenciones de la Justicia, muy pocas, donde ha sido favorable a las familias ancestrales, por lo cual quiero pensar que la Justicia funciona, pero hay muchos eslabones de esa cadena que bloquean todos los derechos de los más pobres. Es una situación similar al poder político, al que no le cae nada simpático tener que dialogar con interlocutores tan incómodos como el MCC, porque los políticos están acostumbrados a sentarse con otros, como los empresarios sojeros o ganaderos que, justamente, son quienes pretenden las tierras campesinas”, explica el párroco.

Durante las audiencias del juicio, realizado la última semana, el Movimiento Campesino de Córdoba reivindicó el corte de alambres como “ejercicio legítimo del derecho a la tierra de las familias” y remarcó que desalambrar “no constituye delito en el marco que fue realizado”.

El mate caliente acentúa el calor, pero el cebador no se detiene. Es sábado a la tarde y una melodía de cuarteto comienza a hacerse escuchar desde una casa vecina. El cura sigue el ritmo con el pie y parece esperar la pregunta maldita:

–¿Qué sucede si la Justicia los condena?

Detiene el movimiento rítmico de su pie, deja el mate en el piso y busca entre sus dibujos un escrito. Extiende su brazo y comparte el papel. Es un comunicado del MCC, que en su parte superior resalta en color: “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político”. Mira fijo a los ojos y nombra a los otros diez imputados, siete hombre y tres mujeres. “Estamos acusados por defender la vida campesina. Para algunos eso pareciera ser un delito”, denuncia y se produce un silencio incómodo, de esos que preceden una mala noticia. Pero el cura retoma la palabra, vuelve a reivindicar la organización de las familias y, por primera vez en la tarde, sonríe: “Ya no es una vergüenza llamarse campesino, es un orgullo que se grita y se canta, se pone en afiches y banderas. Ese es nuestro triunfo”.

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jueves, 22 de noviembre de 2007

OLIVARES: UN PUEBLO QUE SALE A REMATE

UN JUEZ MANDO SUBASTAR UN PARAJE ENTERO DE CORDOBA

Olivares tiene unos 800 habitantes. Una empresa reclama deudas hipotecarias sobre los terrenos en que está asentado. Un juez fijó fecha para el remate, con comisaría y escuela incluidos.

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El pueblo de Olivares viene con problemas desde hace una década, por las malas cosechas.

A principios del siglo XX era simplemente un paraje más de localidad de Ischilín, a 90 kilómetros de Córdoba capital, pero ya tenía esa impronta virginal que lo convertía en un campo ideal para el cultivo. En la Década Infame llegó la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás SA, que montó allí “la más extensa plantación orgánica del mundo”: 100 mil olivos en 1200 hectáreas. Hace 60 años, la firma construyó viviendas para sus trabajadores. También se levantaron una capilla, una escuela que fue cedida a la provincia de Córdoba, llegó la comisaría, el juzgado de Paz y la sala de atención sanitaria. Todo era esplendor para el creciente pueblito rural. Pero hace 10 años, algunas malas cosechas provocaron que la firma hipotecara el predio para cobrar un préstamo del Banco Francés. Nunca se saldó y la deuda actual es de un millón de dólares. Un juez civil porteño decidió que las tierras se remataran. Así, Olivares pasó del auge de la agricultura orgánica a estar al borde de la subasta total del pueblo.

La empresa intentó acordar con la entidad financiera el pago de la deuda con el producto de la próxima cosecha, en marzo de 2008. Serían 800 mil dólares para el banco y 200 mil para pagar las costas del litigio. También los trabajadores se presentaron ofreciendo hacerse cargo del pago del proporcional a las 20 hectáreas –de las 1200 del predio– que habitan. Pero ambas propuestas se encontraron con sendas negativas. Un problema jurídico frena el reclamo de los pueblerinos: los terrenos nunca se parcelaron ni escrituraron a su nombre. Por el lado de la empresa, su presidente, Jorge Pierrestegui, aseguró que un abogado y un martillero insisten en rematar, porque “quieren los honorarios lo antes posible”.

En el marco de esas discusiones, el juez civil porteño Carlos Molina Portela dispuso ayer que el terreno será subastado el 18 de diciembre. En lo que no se expidió fue en lo referente a las dependencias públicas radicadas allí: un juzgado de Paz, una comisaría, una escuela y un centro sanitario. No está claro aún el futuro de esas instituciones ni tampoco el de las 120 casas en las que viven al menos 800 personas. Otro foco de resistencia son los comercios de la zona, que trabajan únicamente con empleados de la empresa y sus familias. Y la capilla.

El intendente saliente de San Nicolás, el radical Manuel Díaz, presentó una medida cautelar que solicita la revisión de la subasta. Frente a la revocatoria de Molina Portela, los abogados de los pueblerinos apelaron la medida, argumentando la violación de derechos humanos y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer sobre bienes estatales. Además, los demandantes invocaron “derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario” –ya que la deuda se contrajo hace una década y hay quienes habitan el paraje desde hace seis– que deben respetarse en virtud de lo dispuesto en convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por su parte, el intendente electo, el también radical Antonio Heredia, aseguró que existe “incertidumbre” y “preocupación” entre los lugareños por la decisión de Molina Portela. Ya había habido un intento de remate el 30 de mayo último, pero el Ministerio de Justicia cordobés intervino y la subasta, si bien no se canceló, se pospuso.

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CORDOBA JUDICIALIZA RECLAMOS CAMPESINOS

Juicio oral a diez campesinos y un cura por un reclamo de tierras

Once trabajadores rurales, entre ellos un sacerdote vinculado con los derechos humanos, podrían ser condenados a cuatro años de prisión por cortar alambres de tierras que reclaman como propias.

Por Darío Aranda
Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba se movilizaron para apoyar a los acusados.

Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Nos invaden los campos, nos reprimen y ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se vive en el campo argentino”, denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006, anunciaba que en el sector rural de la provincia “se produce una sistemática violación de los derechos humanos”. Entre los procesados figura un cura párroco defensor de los derechos humanos.

“Ni un metro más. La tierra es nuestra”, afirmaban las remeras de los once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro. Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno, recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría ser el próximo viernes o el 30 de este mes.

Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.

En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel Francisco Andreu.

Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba”, remarcaron desde el MCC.

Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoce la Bolsa de Cereales.

Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100.000 hectáreas en disputa. “Se produce una sistemática violación de los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”, denunció el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o del “uso irregular de la fuerza pública” y advirtió que “es el accionar de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar”.

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martes, 6 de noviembre de 2007

A 12 años de las explosiones, Río Tercero no se rinde


Por Riotercerenses - Monday, Nov. 05, 2007 at 8:45 AM

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A 12 años de las explosiones, Río Tercero no se rinde.


Ayer sábado 3 de noviembre, doce años después de las explosiones de 1995, volvieron a marchar por Río Tercero quienes aún luchan por la justicia. “Río Tercero no se rinde” decía el cartel que encabezaba a las más de mil personas que se movilizaron por las calles de la ciudad exigiendo no tanto el esclarecimiento de lo que pasó (eso, vamos a decirlo, siempre estuvo más o menos claro), sino el cese de la impunidad para los responsables.
La marcha partió de Fray Justo y Santa María de Oro esquina Libertad, y llegó a plaza San Martín, donde se realizó un acto con obra teatral, canción y lectura de los nombres de los imputados y sus fechas de indagatoria.


El estado de la causa, o el Estado y la causa

Ayer, de la misma manera que prescribe un arrebato en la calle, prescribió una masacre: la explosión de la fábrica militar planificada desde las más altas esferas del Estado para borrar pruebas sobre la venta clandestina de armas a Croacia y Ecuador. Esto significa que quien no haya sido imputado hasta ayer por esta justicia que solo concibe reconocer autores individuales (y no las estructuras que posibilitan el asesinato, ya que probablemente significaría imputarse a sí misma) ya no podrá serlo nunca más (esto es casi cierto, la única manera es que haya alguna voluntad con poder como para declarar la imprescriptibilidad de los atentados).

Sin embargo, en los últimos días el juez Valentinuzzi imputó a quince personas, entre militares y, por decirlo de alguna manera, civiles (en verdad, algunos de ellos son los imputados que el conjuez Estévez había sobreseido, acción que quedó sin efecto) Entre los imputados se encuentran el ex presidente Carlos Saúl Menem y quien era en su momento el jefe del ejército, Martín Antonio Balza. Carlos Saúl tiene fijada fecha para la indagatoria el 17 de diciembre en los tribunales federales de Río Cuarto, a las 9 de la mañana.


Río Tercero no se rinde. La justicia no se consigue sin movilización; sin pueblo en la calle la única ley que existe es la del Estado y sus propietarios. La impunidad no se sostiene sola, ni con la única ayuda de las instituciones. La impunidad se sostiene también en el silencio, la resignación, la ceguera. En Río Tercero hay gente que lo sabe, y marchó ayer como cada 3 de noviembre, indignada, furiosa, decidida. Marchó como tantas veces en este país contra la impunidad de decir que fue un accidente, negligencia, una tragedia, como si hubiese sido un choque en la ruta.
No fue un accidente, fue un atentado. El único accidente histórico que tenemos es el Estado. El Estado que, como muchas veces antes, como muchas veces después, mató a sus ciudadanos.
En el futuro quizá no sean solo marchas. Tampoco será un accidente ni un acto de negligencia.

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http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/561634.php

FELICITACIONES POR LA MOVIDA!!!!!!!!!!