El actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agroindustrial de granos transgénicos u organismos genéticamente manipulados, conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas. Cecilia Merchán.
El actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agroindustrial de granos transgénicos u organismos genéticamente manipulados, conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que están afectando la salud de la población que convive con estos cultivos.
En forma progresiva, año tras año, aumenta la producción de granos transgénicos, principalmente de la mano de la extensión de la frontera agrícola.
La superficie cultivable en nuestro país se calcula en 31 millones de hectáreas y la ocupada por soja transgénica fue de 18.182.000. En esa área del país viven, por lo menos, siete millones de habitantes.
Desde hace años, se vienen levantando voces que alertan por la presencia inusual de un número asombrosamente elevado de habitantes que presentan enfermedades, cánceres, una excesiva aparición de malformaciones congénitas en recién nacidos, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad.
Numerosas organizaciones, a lo largo y a lo ancho de la zona rural argentina, reclaman que “paren de fumigar”.
Es imperioso reconocer que, de manera contemporánea al aumento de las tasas de cánceres y malformaciones en las zonas mencionadas, creció, también en forma exponencial, la utilización de plaguicidas. Cada vez se necesitan más y más litros de plaguicidas para sostener esta producción.
En 1990, se usaron 35 millones de litros en la campaña agropecuaria; con el ingreso de la biotecnología transgénica en 1996 se aceleró el uso, consumiéndose 98 millones de litros, y en 2010, 300 millones.
En amplias zonas de nuestro país, esta agresión ambiental se expresa en la pérdida de biodiversidad, desmontes, el deterioro de otras producciones regionales, y estamos favoreciendo nuevos peligros, como inundaciones, sequías y epidemias.
Desde el punto de vista jurídico, carecemos de una ley nacional que regule el uso de plaguicidas-agrotóxicos. Las provincias y municipios han ido construyendo una normativa para regular su utilización, con resultados mínimos.
Además, las fumigaciones realizadas por medio de aviones o helicópteros han demostrado que producen una “deriva” de los venenos, que se esparcen de manera incontrolable.
De hecho, el Parlamento de la Unión Europea ha determinado su prohibición en todo su territorio, ya que pulverizaciones de plaguicidas realizadas en Francia eran detectadas en Islandia a los pocos días.
Es por eso que, considerando la magnitud de la utilización de agroquímicos en la Argentina y la fragilidad de la salud que se detecta en los habitantes de los pueblos fumigados, es fundamental limitar las fumigaciones aéreas de plaguicidas.
Asimismo, las terrestres deben alejarse por lo menos mil metros de las plantas urbanas de pueblos y ciudades, ya que estas alcanzan el interior de los barrios colindantes con los sembradíos.
La salud y el cuidado de nuestros recursos naturales deben estar por encima de la acumulación económica. Estas prácticas deben estar reguladas por un Estado que controle en todos los niveles sus efectos actuales y los que afectarán a las generaciones futuras.
Acompañar la pelea de las Madres de Barrio Ituzaingó y de Paren de Fumigar es una manera de involucrarnos por el aire, por la tierra, por el agua y por la salud de todos y todas y de trabajar por un país que se enfrente seriamente a las grandes corporaciones multinacionales, como Monsanto, Roundup y Cargill, que nos envenenan producto de sus intereses.
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