Querid@s compañer@s, finalmente con un apoyo mayoritario hemos planteado una severa crítica al extractivismo de la megaminería. Por una amplia mayoría rechazamos los fondos de La Alumbrera.
Luego les haremos llegar el texto completo de la resolución; es muy similar al que ya les había enviado. Hoy finalizaremos de redactarlo.
Les mando una publicación de un diario local que creo no muestra la profundidad y complejidad del debate de más de 7 horas de debate que se tuvieron, que fue de profundidad.
Remarco dos cuestiones importantes:
- A diferencia de años anteriores se rechazaban los montos de cada año, año a año. Este rechazo es definitivo.
- En las resoluciones anteriores el rechazo se había dado por escasos votos. Ahora fue por amplia mayoría (no es como dice el diario 17 a 5, sino que fue 20 a 4 y dos abstenciones.)
Un fuerte abrazo y el agradecimiento a todos y todas Ustedes, en especial a los compañeros y compañeras de las asambleas que nos dieron tanta apoyatura que son los que poner toda la subjetividad y sus cuerpos (espalda y corazón) en las luchas concretas. En particular a Gaby Romano y a Carlos Ruiz.
Marcelo Ruiz
polémica y política
La Universidad rechazó los fondos de La Alumbrera y pidió nacionalizar los recursos naturales
Lo decidió el Consejo Superior anoche, por amplia mayoría. Después de cinco horas y media de debate hubo 17 votos que acompañaron al Rectorado, cinco por la aceptación y dos abstenciones
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió ayer a rechazar por tercera vez consecutiva los fondos provenientes de las utilidades de la minera La Alumbrera.
Al igual que lo dispuesto en 2009 y 2010, el debate se extendió entre dos posiciones claramente identificadas, aunque por momentos parecieron asemejarse detrás de fundamentos similares.
El Rectorado había impulsado el rechazo de esos recursos apoyándose en los efectos ambientales y en los nocivos modelos extractivistas de las empresas transnacionales.
Para ello había impulsado un proyecto de resolución que terminó convirtiéndose en la posición de la mayoría, después de casi seis horas de debate en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, donde sesionó el Consejo Superior.
Para ello contó con el acompañamiento de los decanatos de Exactas, Humanas y Agronomía y Veterinaria. Los de Ingeniería y Económicas optaron por la aceptación del dinero y quedaron en la minoría. La votación terminó con 17 apoyos a la propuesta oficial, cinco con la primera minoría y dos abstenciones.
Entre los que acompañaron la iniciativa de Marcelo Ruiz se insistió en el mensaje del rechazo y se restó importancia al aspecto económico de la medida. “Simbólicamente tiene mucha fuerza esta decisión mientras que para las arcas de la Universidad no representa un costo elevado porque sumados los fondos de los últimos dos años, es menos del 1% del presupuesto anual”, reiteraron. Ese fue parte del argumento también de la posición del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas.
Sin embargo, en medio de la prolongada discusión no faltaron cruces entre los consejeros. Y no fueron pocos los que admitieron tener posiciones encontradas sobre la temática. O incluso decanos que debieron desempatar con su voto en sus facultades para llevar una posición al Consejo Superior.
Otro eje de debate se planteó cuando consejeros que impulsaban la aceptación hacían referencia al esquema de financiamiento de la Universidad Nacional y apuntaban a la recaudación de impuestos a los juegos de azar, al cigarrillo o incluso las retenciones por la soja. “¿Rechazamos lo de la minería y aceptamos lo de los juegos de azar?”, se preguntaron.
Sin embargo, en la posición oficial se destacó que “no se cuestionan la minería en tanto a actividad de interés nacional y derecho sobre los recursos naturales propios de la sociedad argentina, ni mucho menos a la geología en tanto a área cognitiva imprescindible en la generación y desarrollo de conocimientos científicos y técnicos sobre el principal patrimonio de la sociedad argentina”, señaló.
Alrededor de los consejeros, estudiantes de distintas agrupaciones políticas seguían de cerca el debate. Algunos con inscripciones en sus remeras en rechazo a la minería a cielo abierto: “Por una ley contra la megaminería química. Defendamos el agua. Defendamos el suelo. No queremos cianuro”, se leía en la camiseta de una estudiante que siguió paso a paso la sesión junto a la puerta de ingreso. Del lado opuesto, un cartel verde planteaba el rechazo a los fondos.
Ya se habían leído los dos dictámenes de la comisión ad hoc creada para el tratamiento de los fondos, las posiciones de los consejos directivos de algunas facultades y también escritos de asambleas ciudadanas de pueblos afectados por explotaciones mineras a cielo abierto, como los casos de las riojanas Famatina y Chilecito. También llegaron posicionamientos de entidades sindicales como Aturc, Asociación Gremial Docente y ATE. Todos sumándose al rechazo del dinero.
Pero hubo voces que cuestionaron la posición de la mayoría, como la del docente de Exactas, César Barbero, que en su discurso apuntó que “si yo tuviera la certeza de que el rechazo de estos fondos hubiera salvado una vida en Andalgalá estaría chocho. Pero no lo creo. Y con eso no busco defender la actividad de La Alumbrera”, destacó el docente e investigador.
Sobre el final, se incorporaron algunas observaciones al proyecto del Rectorado donde se amplió la posición de rechazo a un pedido de nacionalización de todos los recursos naturales y la posibilidad de que las propias sociedades y pueblos sean los que definan los sistemas de desarrollo. Luego llegó la votación y los bombos de los sectores estudiantiles que celebraron la decisión final.
El rector de la Universidad Nacional, Marcelo Ruiz, destacó que la decisión tomada por el Consejo Superior fue “más amplia que un rechazo de los fondos porque se está optando por modelos de desarrollo que implican el fortalecimiento del Estado pero al mismo tiempo la participación de las comunidades en las opciones por el desarrollo. En segundo lugar un rechazo a los modelos extractivistas impulsado por las transnacionales, en particular por la megaminería. En tercer lugar, una Latinoamérica que camine y fortalezca una dirección de independencia”.
Al cierre del debate, Ruiz agregó que “cuando hablamos de extractivismo hablamos de la presencia de las multinacionales en el espacio latinoamericano, en particular en la Argentina, con fuerte capacidad de condicionar a los Estados provinciales y nacionales, y nosotros queremos una recuperación del Estado y un papel más fuerte del papel de las comunidades por elegir sus modos de vida”, señaló.
Y agregó: “Particularmente porque la ley que obliga a YMAD a asignar los fondos a las Universidades es una ley que perdió su sentido original. La de 1958, de la época de Frondizi, planteaba desde el Estado el fortalecimiento del sistema de educación superior. Luego la normativa sufrió una absoluta perversión con la dictadura de Onganía y la de 1976 y se derogó el núcleo central y abrió la posibilidad de explotación de las multinacionales”, acotó antes de destacar que “la mirada de fondo es la reforma integral de los códigos de regulación de los recursos estratégicos del país”.
Al igual que lo dispuesto en 2009 y 2010, el debate se extendió entre dos posiciones claramente identificadas, aunque por momentos parecieron asemejarse detrás de fundamentos similares.
El Rectorado había impulsado el rechazo de esos recursos apoyándose en los efectos ambientales y en los nocivos modelos extractivistas de las empresas transnacionales.
Para ello había impulsado un proyecto de resolución que terminó convirtiéndose en la posición de la mayoría, después de casi seis horas de debate en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, donde sesionó el Consejo Superior.
Para ello contó con el acompañamiento de los decanatos de Exactas, Humanas y Agronomía y Veterinaria. Los de Ingeniería y Económicas optaron por la aceptación del dinero y quedaron en la minoría. La votación terminó con 17 apoyos a la propuesta oficial, cinco con la primera minoría y dos abstenciones.
Entre los que acompañaron la iniciativa de Marcelo Ruiz se insistió en el mensaje del rechazo y se restó importancia al aspecto económico de la medida. “Simbólicamente tiene mucha fuerza esta decisión mientras que para las arcas de la Universidad no representa un costo elevado porque sumados los fondos de los últimos dos años, es menos del 1% del presupuesto anual”, reiteraron. Ese fue parte del argumento también de la posición del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas.
Sin embargo, en medio de la prolongada discusión no faltaron cruces entre los consejeros. Y no fueron pocos los que admitieron tener posiciones encontradas sobre la temática. O incluso decanos que debieron desempatar con su voto en sus facultades para llevar una posición al Consejo Superior.
Otro eje de debate se planteó cuando consejeros que impulsaban la aceptación hacían referencia al esquema de financiamiento de la Universidad Nacional y apuntaban a la recaudación de impuestos a los juegos de azar, al cigarrillo o incluso las retenciones por la soja. “¿Rechazamos lo de la minería y aceptamos lo de los juegos de azar?”, se preguntaron.
Sin embargo, en la posición oficial se destacó que “no se cuestionan la minería en tanto a actividad de interés nacional y derecho sobre los recursos naturales propios de la sociedad argentina, ni mucho menos a la geología en tanto a área cognitiva imprescindible en la generación y desarrollo de conocimientos científicos y técnicos sobre el principal patrimonio de la sociedad argentina”, señaló.
Alrededor de los consejeros, estudiantes de distintas agrupaciones políticas seguían de cerca el debate. Algunos con inscripciones en sus remeras en rechazo a la minería a cielo abierto: “Por una ley contra la megaminería química. Defendamos el agua. Defendamos el suelo. No queremos cianuro”, se leía en la camiseta de una estudiante que siguió paso a paso la sesión junto a la puerta de ingreso. Del lado opuesto, un cartel verde planteaba el rechazo a los fondos.
Ya se habían leído los dos dictámenes de la comisión ad hoc creada para el tratamiento de los fondos, las posiciones de los consejos directivos de algunas facultades y también escritos de asambleas ciudadanas de pueblos afectados por explotaciones mineras a cielo abierto, como los casos de las riojanas Famatina y Chilecito. También llegaron posicionamientos de entidades sindicales como Aturc, Asociación Gremial Docente y ATE. Todos sumándose al rechazo del dinero.
Pero hubo voces que cuestionaron la posición de la mayoría, como la del docente de Exactas, César Barbero, que en su discurso apuntó que “si yo tuviera la certeza de que el rechazo de estos fondos hubiera salvado una vida en Andalgalá estaría chocho. Pero no lo creo. Y con eso no busco defender la actividad de La Alumbrera”, destacó el docente e investigador.
Sobre el final, se incorporaron algunas observaciones al proyecto del Rectorado donde se amplió la posición de rechazo a un pedido de nacionalización de todos los recursos naturales y la posibilidad de que las propias sociedades y pueblos sean los que definan los sistemas de desarrollo. Luego llegó la votación y los bombos de los sectores estudiantiles que celebraron la decisión final.
“Estas empresas tienen fuerte capacidad para condicionar a los Estados”
El rector de la Universidad Nacional, Marcelo Ruiz, destacó que la decisión tomada por el Consejo Superior fue “más amplia que un rechazo de los fondos porque se está optando por modelos de desarrollo que implican el fortalecimiento del Estado pero al mismo tiempo la participación de las comunidades en las opciones por el desarrollo. En segundo lugar un rechazo a los modelos extractivistas impulsado por las transnacionales, en particular por la megaminería. En tercer lugar, una Latinoamérica que camine y fortalezca una dirección de independencia”.
Al cierre del debate, Ruiz agregó que “cuando hablamos de extractivismo hablamos de la presencia de las multinacionales en el espacio latinoamericano, en particular en la Argentina, con fuerte capacidad de condicionar a los Estados provinciales y nacionales, y nosotros queremos una recuperación del Estado y un papel más fuerte del papel de las comunidades por elegir sus modos de vida”, señaló.
Y agregó: “Particularmente porque la ley que obliga a YMAD a asignar los fondos a las Universidades es una ley que perdió su sentido original. La de 1958, de la época de Frondizi, planteaba desde el Estado el fortalecimiento del sistema de educación superior. Luego la normativa sufrió una absoluta perversión con la dictadura de Onganía y la de 1976 y se derogó el núcleo central y abrió la posibilidad de explotación de las multinacionales”, acotó antes de destacar que “la mirada de fondo es la reforma integral de los códigos de regulación de los recursos estratégicos del país”.
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