Los fiscales solicitaron 4 años de cárcel para Francisco Parra y 3 para Edgardo Pancello. Jorge Gabrielli quedó virtualmente absuelto. La sentencia se dictará el 21 de agosto.
Jorge Gabrielli ya puede considerarse absuelto, mientras que Francisco Parra y Edgardo Pancello pueden recibir penas de 4 y 3 años de prisión, respectivamente, según la requisitoria fiscal en el juicio por contaminación ambiental por realizar fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo.
Ayer se escucharon los alegatos de todas las partes, y los fiscales de Cámara, Marcelo Novillo Corvalán, y de Instrucción, Carlos Matheu, pidieron penas de prisión efectiva para el productor Parra por dos hechos de fumigación, en 2004 y 2008, y para el piloto aeroaplicador Pancello en la segunda ocasión. En cambio, en el caso del productor Gabrielli, que explotaba otro campo contiguo al barrio, declinaron la acusación y pidieron su absolución. Por eso, cuando la querella tampoco pidió condena para Gabrielli, al no haber acusación la decisión del tribunal será vinculante hacia la absolución.
No obstante, hay una diferencia en lo que deben decidir los jueces sobre este productor, porque los acusadores requirieron la absolución por la duda, mientras que sus defensores, Sebastián Becerra y Carlos Hairabedian, pidieron que sea por falta de tipificación delictual.
El abogado de la querella, Miguel Martínez, fue más duro en el pedido de pena para Parra, para quien solicitó cuatro años y medio de prisión, mientras que para Pancello pidió también tres años de cárcel, como los fiscales.
Por el lado de las defensas, además de lo dicho de Gabrielli, Juan Manuel Aráoz pidió la absolución de Parra, lo mismo que Alejandro Moreno para Pancello.
Las Madres de Ituzaingó mostraron su rechazo a los pedidos de pena. Para Sofía Gatica, cuatro años de prisión son insignificantes luego de 12 años de lucha.
“Subsidiariamente”. El juicio tuvo otra vez gran cantidad de presencias, entre periodistas de distintos ámbitos, vecinos, miembros de entidades ambientalistas y hasta la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Hebe Goldenhersch, quien sostuvo que apoyaba que este proceso llegara a juicio.
Novillo Corvalán realizó una profusa enumeración de los hechos y puso énfasis en la peligrosidad de los químicos aplicados y en los daños que ocasionan a la salud de los vecinos. “No estamos en contra de la producción agrícola”, sostuvo, para luego señalar que se debe “priorizar la salud por encima de las cuestiones económicas”.
Tras la solicitud de penas y la absolución, sorprendió el fiscal de Cámara, porque realizó un pedido que no es habitual para su rol. Pidió que, subsidiariamente, si el tribunal no aplica prisión efectiva pero declara la responsabilidad de Parra y Pancello, les ordene cumplir tareas comunitarias durante cuatro años en centros de salud de la ciudad (no en Ituzaingó), como dispensarios o el Hospital Oncológico.
Recomendaciones. Por su parte, Matheu introdujo recomendaciones para que los jueces Lorenzo Rodríguez (presidente), Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno tuvieran en cuenta en los fundamentos de la sentencia. Así, requirió que se inste al Ministerio de Salud de la Nación a que propicie la “sanción de una ley nacional de agroquímicos, que nuestro país carece y debería tener”. El instructor sostuvo que esa normativa debería prohibir en forma terminante las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional, cualquiera sea el producto aplicado. Destacó que eso se hace en Europa, por disposición de su Parlamento, y en Misiones, única provincia argentina que prohibió las aeroaplicaciones. También Matheu indicó que esa ley debería prohibir fumigaciones terrestres a menos de mil metros de edificaciones, también para todos los productos (ver Proyecto ).
Asimismo, Matheu pidió que el Senasa reclasifique los productos tóxicos, adhiera al Protocolo de Estocolmo y adelante la prohibición del endosulfán porque “no tiene sentido que 12 millones de personas sigan expuestas”, y modifique el manual de procedimiento para regular productos fitosanitarios.
A su turno, Miguel Martínez, que representa al querellante Medardo Ávila Vázquez, tuvo un encendido alegato en el que criticó al actual Gobierno de la Provincia por permitir la radicación de la firma Monsanto, priorizando los intereses económicos por sobre los de los pobladores.
Defensores. La audiencia se inició pasadas las 10 y se prolongó hasta las 20.30. Además de Hairabedian y Becerra, que fueron breves por el pedido de absolución, el alegato de Juan Manuel Aráoz tuvo más de dos horas, quien sostuvo que Parra no debe ser condenado porque no hay tipicidad en el delito, porque la ley dice que están prohibidos los “residuos tóxicos”, pero no los “tóxicos”, además de que cuando se tomaron muestras en el barrio no se lo hizo correctamente.
Alejandro Pérez Moreno defendió la inocencia de Pancello y dijo que no está probada su participación, y que su cliente “jamás” voló en esa zona.
El tribunal cerró el debate y el presidente anunció que la sentencia se conocerá el 21 de agosto. Dirigiéndose a los presentes, por si hacía falta, les recordó que en la decisión se basarán en la prueba.
Proyecto
Cambios. Los legisladores Santiago Clavijo y Graciela Sánchez presentaron un proyecto de ley sobre el control de agrotóxicos. La iniciativa conserva el espíritu de la norma vigente. Entre las modificaciones, está el cambio de la autoridad de aplicación: piden que sea el Ministerio de Agua, adecuando la jurisdicción al objetivo general de la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros.
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