El fiscal pidió tres años y medio de prisión para los dos imputados de estafa. El fallo, el 11 de noviembre.
Corresponsalía
Deán Funes. La traumática historia de Ramona Bustamante (83), la campesina del norte cordobés que cinco años atrás fue desalojada de un campo mientras su humilde casa era arrasada por una topadora, ayer escribió otro capítulo, en los Tribunales de la ciudad de Deán Funes. Su caso se transformó en el más conocido y emblemático de una controvertida serie de disputas por tenencia de tierras en el norte provincial.
Ayer fue la hora de los alegatos en el juicio por aquellos hechos. La Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, pidió tres años y medio de prisión para los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, de la ciudad de Oncativo, que reclamaron esas tierras como propias. Ambos están imputados por presunta estafa procesal. El fiscal los acusa de hacer firmar con engaños a la mujer un convenio por desalojo de los campos que ocupaba desde antaño su familia, en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de Sebastián Elcano y a más de 200 de Córdoba capital.
El abogado defensor de los imputados rechazó la acusación, negando la existencia del delito.
El fallo judicial se conocerá el 11 de noviembre.
Hace cinco años. El 23 de enero de 2004, mediante orden judicial y por la fuerza, la octogenaria Ramona Bustamante debió abandonar a pesar de su resistencia el lugar en que vivía y observar cómo una topadora derrumbaba la casa que habitaba. La mujer y su familia denunció, además del hecho, la prepotencia con que fue ejecutado el operativo por la fuerza policial.
Los imputados están acusados de utilizar un fallo judicial de 20 años atrás, en el que se omitía a Ramona como heredera de su padre, para retirarla del lugar.
De ahí en más, su caso se convirtió en un símbolo visible de las fuertes disputas, agudizadas en la última década, por la tenencia de la tierra. Con los años, esos suelos que tiempo atrás tenían escaso valor, comenzaron a ser valorados para su explotación agropecuaria más intensiva. Distintas organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos en tierras sin títulos registrales del norte provincial tomaron también este caso como bandera.
Los alegatos. Ayer, la Cámara del Crimen de Deán Funes escuchó los alegatos. El abogado defensor de los hermanos Scaramuzza pidió su absolución. El querellante, en representación de los Bustamente, reclamó hasta cuatro años de prisión. Y el fiscal Funes solicitó una condena de tres años y seis meses para ambos.
El tribunal, integrado por Juan Carlos Serafini, Horacio Ruiz y Elías Juan, dispuso un receso hasta el 11 de noviembre, día en que se escuchará el fallo de esta causa judicial.
Ayer, entre el público, se notó la presencia del ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo. El dato es una muestra del interés que el caso genera.
Ramona Bustamante, sobreseída ya por el delito de usurpación que pesaba inicialmente en su contra cuando se resistió a dejar ese campo de 230 hectáreas, sigue viviendo en el mismo lugar, con su hijo Orlando (53).
Movilizados. Más de 200 integrantes de las organizaciones Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) aguardaron el final de la audiencia en la plaza Sarmiento, frente al edificio de Tribunales, con la expectativa de que el fallo se conociera también ayer. Al salir los imputados del edificio judicial, intervino la Policía de la Unidad Departamental Ischilín para escoltarlos hasta una remisería cercana, para evitar posibles agresiones.
Ramona Bustamante, en su campo. Su caso trascendió al país. Foto: LaVoz / Archivo
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