Un fallo para desalambrar
En un inédito fallo, la Justicia cordobesa absolvió a diez campesinos y un cura que resistieron un desalojo rural. El fallo ordena al gobierno a hacer efectiva la política de protección social.
En un fallo que sienta precedente, once campesinos que habían sido procesados por desalambrar un campo en defensa de su posesión ancestral fueron absueltos por la Justicia de Córdoba. En la sentencia, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje avanzó sobre la problemática rural del norte provincial, instó al poder político (Ejecutivo y Legislativo) a ejecutar líneas de trabajo efectivas en el derecho a la tierra, reconoció las fallas de la institución policial y, al Banco Central –que había rematado el campo con los campesinos dentro–, le solicitó que no ejecute parcelas ocupadas por habitantes ancestrales. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político. No cederemos ni un metro más de nuestra tierra”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), donde militan los acusados. Sólo en la provincia existen más de 100 mil hectáreas en conflicto.
Además de absolver a los diez campesinos y al cura párroco Carlos Julio Sánchez, la Cámara solicitó “a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia la concreción, con la urgencia que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protección posesoria de los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordobés, por no resultar suficientes las ya existentes”. En la sentencia, dictada el viernes último, también advirtió al fiscal general de la provincia sobre las cajoneadas denuncias de los pobladores rurales (en las audiencias quedó explicitado que los efectivos policiales discriminan a los campesinos, y que las acciones judiciales impulsadas por ellos rara vez prosperan).
“Quiero agradecerles a todos”, remarcó a la salida de los tribunales Carlos Loyola, el trabajador rural del predio en disputa. Con voz entrecortada por la emoción, recordó la gran cantidad de casos como el suyo y advirtió: “Vamos a seguir para adelante, en la lucha”. Mientras unas cincuenta personas, con la leyenda “acusados por defender la vida campesina” en sus remeras, aplaudían y coreaban: “Alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América latina”.
Loyola, de 56 años y cuatro hijos, siempre vivió y trabajó en la misma tierra –paraje Cañada Larga, norte de Córdoba–, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, el empresario Ramón Alberto Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Ma-zzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó. En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión.
Durante las audiencias, los once acusados reivindicaron el corte de alambres como “ejercicio legítimo del derecho a la tierra (por los años de posesión de las familias y por la necesidad del agua)”, remarcaron que desalambrar “no constituye delito en el marco de necesidad que fue realizado” y afirmaron que lo volverían a realizar.
La fiscal Ahidé Gersicich había rechazado que los campesinos actuaron en legítima defensa, los cuestionó por no utilizar “los caminos legales y constitucionales, que le permiten el libre acceso a la Justicia, sin gasto”, aunque evitó referirse a la negativa policial de recibir denuncia a los campesinos, y reclamó la prisión de los acusados. El abogado querellante Pablo Olmos redobló la acusación, imputó al Movimiento Campesino de constituir una “asociación ilícita que pretende poner en juego el orden constitucional mediante una cantidad indeterminada de delitos”.
El empresario porteño Mazzeo había adquirido, mediante remate judicial, 2000 hectáreas. Pero en gran parte de esas tierras viven desde hace décadas, con derechos de posesión adquiridos por ley veinteañal, familias campesinas con sus animales y sembradíos. La sentencia no omitió lo irregular de esa venta. Solicitó “a las autoridades del Banco Central de la República Argentina –agente de remate– que los instrumentos públicos por los cuales transfiere el dominio de inmuebles contengan una correcta acreditación de titularidad (que conste a quién pertenece, no sólo en papeles sino quién cuenta con la posesión y uso efectivo del inmueble)”.
Desde inicios de la década del 90, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas; 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoció la Bolsa de Cereales. Desde el MCC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, explican que ese corrimiento de la frontera agropecuaria es una de las principales causas del desalojo de miles de familias campesinas. Sólo en Córdoba, la organización afronta más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100 mil hectáreas en disputa.
“Para un campesino, la Justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización, las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida”, había explicado a este diario el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, que participó del corte de alambres y fue uno de los enjuiciados. En la última audiencia, cuando aún cabía la posibilidad de ser condenado a cuatro años de cárcel, el párroco dijo: “Los instrumentos que los campesinos tienen para defender la posesión de sus tierras son pobres, son precarios, no son perfectos, pero existen. Uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesión, con medios proporcionales a la agresión”.
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