La norma provincial sancionada en 2010 es completamente distinta de la que se había debatido durante casi tres años. Es cuestionada porque no protege estos ecosistemas y no se adecua a los presupuestos mínimos fijados por la Nación. Lucas Viano.
Los bosques nativos cordobeses no son los únicos que están en estado crítico. El tema es delicado en todo el país. Ante esta situación, el Congreso de la Nación sancionó en 2007 una ley de presupuestos mínimos de bosque nativos.
Las provincias debían adherirse con una norma propia que tuviera como piso de protección la norma nacional (de allí el nombre de “presupuestos mínimos”). Para ello, se prevé el reparto de un fondo millonario.
En Córdoba, la discusión y posterior sanción de esta ley fue polémica. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) era el ente designado por la ley nacional para redactar un anteproyecto. Esto se logró tras un áspero debate de dos años que incluyó talleres regionales con campesinos, ONG, asociaciones rurales, científicos y ambientalistas.
La ley recibió algunas modificaciones en la Comisión de Ambiente de la Legislatura. Hasta allí, el sector científico-ambiental estaba de acuerdo con el texto, pero era resistido por las entidades rurales. Fue una sorpresa que el 4 de agosto de 2010 la Legislatura sancionara una ley completamente distinta a la que se había debatido durante casi tres años.
Ahora, la norma es cuestionada por los ambientalistas y el sector universitario. La Universidad Nacional de Río Cuarto realizó un pedido de inconstitucionalidad que la Corte Suprema ha decidido tratar. La Universidad Nacional de Córdoba requirió la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este organismo también señaló varias incompatibilidades con la norma nacional.
Y aunque viciada, la ley no se aplica totalmente. Los productores ganaderos se quejan porque la actual reglamentación interfiere en la correcta aplicación de la ley provincial. Varios emprendimientos ganaderos en el norte y noroeste provincial están parados.
De esta manera, la ley es letra muerta. La Secretaría de Ambiente de la Nación tampoco le gira a Córdoba los 20 millones de pesos que le corresponden. No es poco dinero si se piensa que en 2011 la Provincia destinó sólo 602 mil pesos a la protección de los bosques.
El 70 por ciento de ese monto se debería repartir entre los propietarios de predios con bosque nativo, como manera de compensarlos por los servicios ambientales que presta ese monte al resto de la sociedad. El 30 por ciento restante lo debe utilizar la Provincia para proteger y estudiar estos ecosistemas.
¿Cuáles son los errores que tiene la norma provincial?
“La ley incorpora artículos que hablan de aprovechamiento del bosque y en ese marco autoriza el desmonte. No cumple con los objetivos de conservación”, señala Fernando Barri, biólogo integrante de la Cotbn.
Según la norma nacional, las provincias deben dividir el territorio en tres categorías (rojo, amarillo y verde), según el grado de protección y de actividad productiva permitida. La norma provincial incorpora el término aprovechamiento del bosque hasta para la categoría roja. La ley nacional sólo autoriza que esta zona sea hábitat de comunidades indígenas, objeto de investigación científica y de actividades turísticas.
Córdoba permite los emprendimientos silvopastoriles en esta zona. El productor realiza un desmonte selectivo del bosque y siembra pasturas exóticas para el ganado. A pesar de que conserva algunos árboles nativos, lo concreto es que hay un cambio radical en el ecosistema. El bosque no es sólo árboles grandes, como quebrachos y algarrobos, sino también arbustos y hierbas.
“Ningún modelo de manejo silvopastoril ha demostrado ser sustentable. A su vez, la ley nacional define el desmonte como ‘toda actuación antropogénica que haga perder al bosque nativo su carácter de tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como agricultura, ganadería, forestación, construcción de presas o desarrollo de áreas urbanizadas’” precisa Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace. Y aclara que la normativa nacional estipula claramente que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías roja y amarilla.
Aunque se quejan de su reglamentación, los productores ganaderos del norte provincial defienden la norma cordobesa.
“Con la actual ley provincial, con un rolado de bajo impacto e implantación de pasturas podemos obtener 50 kilos anuales de ternero por hectárea, lo que equivale a 600 pesos por hectárea, una sustancial diferencia respecto de los 10 pesos derivados de la ‘compensación ambiental’”, describe Marcelo Angeli, productor de Cruz del Eje.
Los ecólogos sostienen que los sistemas silvopastoriles son productivos en el corto plazo. A largo plazo, se pierden los servicios ambientales que da el bosque: regulación hídrica, conservación de los suelos, protección de flora y fauna autóctonas, entre otros.
Además de permitir actividades de ganadería silvopastoril, la ley cordobesa tiene otras falencias. “No realiza un ordenamiento del territorio sobre una base científica. No se tienen en cuenta aspectos ecológicos y sociales, ni siquiera productivos. No se preservan las cuencas hídricas ni las especies en peligro y permite el desmonte total en el caso de zonas que se determinen como aptas para riego, inclusive en la categoría roja”, enumera Barri.
La única salida parece ser una reforma de los artículos cuestionados, aunque ambientalistas señalan que la solución es sancionar una nueva ley de acuerdo con el trabajo de la Cotbn. ¿La nueva Legislatura se animará al cambio?
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