La organización que defiende a los agricultores rurales reclama la necesidad de un urgente relevamiento catastral para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las tierras. Además insta a revisar el modelo indígena que defiende la soberanía cultural y alimentaria.
Foto: Cristian Pérez/Gentileza del Movimiento campesino Córdoba y del Mocase
Hay que suspender los desalojos forzosos durante cinco años”, afirma convencido Ramiro Fresneda y luego explica: “En la mayoría de los casos, el Poder Judicial es la herramienta más efectiva para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores campesinos”. Fresneda es integrante del equipo jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba desde hace más de diez años. Durante 2009 fue designado como miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena para presentar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un extenso informe sobre las violaciones a los derechos humanos que padecen las comunidades a causa del modelo agro-minero exportador. En esta entrevista con Veintitrés, celebra algunos logros recientes conseguidos en el ámbito de la Justicia, pero advierte: “Es una locura continuar sojizando el territorio argentino sin ningún tipo de ordenamiento territorial participativo”.
–Días atrás, en el noroeste de Córdoba, el empresario Bautista Casimiro Balduzzi fue imputado por usurpar tierras campesinas. ¿Qué supone esta decisión del fiscal de instrucción de Cruz del Eje para el movimiento campesino?
–En nuestra provincia las familias campesinas, los pequeños productores y agricultores familiares viven una situación de inseguridad jurídica muy grave. Si bien el Código Civil es muy claro respecto del reconocimiento del derecho de toda persona que posea un inmueble en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, por más de veinte años, la inseguridad que significa para las familias no poder acceder a la Justicia es una de las principales causas que los somete a desalojos forzosos. Y la tarea de evidenciar lo evidente de manera objetiva no fue una tarea sencilla, llevó muchos años de trabajo en equipo. En ese contexto, a partir de estas imputaciones, se empieza a evidenciar un cambio de paradigma en la administración de justicia, ya que en la práctica los tribunales del interior, durante años, han perseguido y criminalizado a las familias campesinas del norte, familias que han nacido, que han criado a sus hijos con la producción individual y comunitaria de esas tierras, eran arbitrariamente imputadas por la supuesta comisión de ilícitos penales tales como usurpación, despojo, etc. Un sinsentido evidente: no se puede ser poseedor y usurpador al mismo tiempo. El Poder Judicial en la mayoría de los casos es la herramienta más efectiva para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores campesinos. Por esta razón, es alentadora y al mismo tiempo destacable la tarea de la Fiscalía de Cruz del Eje, a cargo del doctor Bertone. Hay que tener coraje para imputar al poderoso.
–En mayo de este año se produjo un histórico fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en el cual se reconoció el derecho de posesión ancestral de la tierra por parte de familias campesinas. ¿Cómo se logró llegar a eso después de tantos años de lucha de las organizaciones campesinas, qué significado jurídico tiene?
–En cuanto a las organizaciones que integran el Movimiento Campesino, de alguna manera importa un reconocimiento explícito a la tarea realizada por la entidad, fueron largos años de trabajo cotidiano y silencioso. Luego de más de diez años de trabajo técnico jurídico y lucha por parte de las organizaciones campesinas, se logró que el TSJ de Córdoba reconozca esta grave problemática y tome postura frente a la misma. El fallo del TSJ sobre las 2.700 hectáreas en el paraje El Chacho, Departamento Minas, sienta jurisprudencia en los casos de conflictos por la tenencia, uso y posesión de la tierra en nuestra provincia y en el país. De esta manera, y más allá de las particularidades de cada caso, puede servir para resolver futuros casos en donde el derecho de posesión y el derecho a la alimentación están en riesgo a causa de maniobras temerarias de algunos empresarios inescrupulosos que ven un buen negocio aprovechando la vulnerabilidad de las familias y comunidades del interior profundo. Es un importante avance desde la perspectiva jurídica y social.
–Sin embargo, el campesinado sigue denunciando persecuciones, ataques, amenazas: dos semanas atrás, campesinos del Departamento Alberdi en Santiago del Estero volvieron denunciar que fueron atacados por grupos armados ilegales que intentaron expulsarlos de sus tierras con el fin de que las ocupen empresarios rurales. ¿Cuán grave es la situación que sufren las familias campesinas en este sentido?
–Se avanzó pero aún falta mucho por hacer. Sobre todo trabajar para que la opinión pública acceda a la información, conozca sobre estas arbitrariedades y tome postura. En nuestro país la disputa por el uso de los territorios y bienes naturales es grave. Cuando las transnacionales del agronegocio explicitan su intención de expandir sus fronteras, inevitablemente deben avasallar derechos adquiridos de miles de familias y comunidades. Hoy coexisten dos modelos de agricultura antagónicos, en donde uno literalmente se quiere comer al otro: por un lado el del agronegocio, la concentración de la tierra en pocas manos, el desmonte indiscriminado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de las aguas con fumigaciones; por el otro, el de la agricultura social y ambientalmente sustentable, es decir, la agricultura familiar, campesina, indígena. Es grave que en un estado de derecho la gente de la tierra se quede sin tierras para vivir y producir dignamente.
–Hasta el mes pasado el Frente Nacional Campesino estuvo marchando a lo largo de distintas provincias. Después de recorrer algo así como 1.700 kilómetros, se realizó un acto en la Plaza del Congreso en el que reclamaron la sanción de una ley que ponga freno a los desalojos en las provincias. ¿En qué consistiría puntualmente esta ley?
–La totalidad de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar proponen políticas activas que garanticen la soberanía alimentaria y para lograrla es preciso detener los desalojos forzosos del campo y la ciudad, y avanzar en la declaración de la función social de la tierra, así como en el fortalecimiento y fomento de la agricultura urbana, campesina y familiar. Puntualmente en la propuesta de ley planteamos que es imprescindible el inmediato freno a los desalojos rurales que implican una clara violación a los más elementales derechos humanos de miles de familias. Para ello proponemos suspender los desalojos forzosos por cinco años, período durante el cual se deberá realizar un relevamiento catastral, dominial y posesorio en todo el territorio. No existen datos fehacientes a nivel nacional sobre tenencia y titularidad de las tierras rurales; por ejemplo en cuanto a la superficie actual en manos de empresas extranjeras, oscila entre 8 y 17 millones de hectáreas según datos difundidos, pero concretamente no se sabe. Idéntico problema tenemos con la cantidad de hectáreas que son poseídas y producidas por familias y comunidades campesinas, y agricultores familiares. De allí la importancia del relevamiento, y la creación de un registro transparente y federal.
–¿Cómo ve el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para frenar la extranjerización de la tierra?
–Es alentador que se empiece a debatir este tema. Es un buen punto de partida, pero falta mucho camino por recorrer. Es imprescindible avanzar en la discusión sobre el uso efectivo que se le da a la tierra más allá de la titularidad. El interés público muchas veces tiene que poner límites a los intereses privados, es una locura continuar sojizando el territorio argentino sin ningún tipo de ordenamiento territorial participativo. Hay que democratizar la discusión sobre la tierra en la Argentina para poder ver que existen muchos “campos” con realidades diferentes. Obviamente si se sigue permitiendo que empresas extranjeras puedan adueñarse de inmensos territorios como pasó en el sur del país, se está afectando nuestra soberanía e independencia económica. A la fecha hay 14 proyectos de ley sobre la materia. Esperamos que se traten de inmediato, pero el tema es tan sensible que la mayoría de los bloques se resiste a tratarlo en época electoral, por miedo a tener “costos políticos”. Coincidimos en parte con el proyecto del Ejecutivo en cuanto a la necesidad de un urgente relevamiento catastral y dominial para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las tierras rurales, y proponemos agregar el relevamiento posesorio y su efectivo uso.
–¿Por qué cree que los conflictos que padecen los campesinos no tienen demasiada presencia en los medios masivos de comunicación?
–De parte de los grandes medios hay claramente una decisión de invisibilizar el verdadero conflicto agrario, por múltiples factores, intereses creados, negociados (el Grupo Clarín invierte en los pools de siembra). Necesitan instalar la idea de que en la Argentina existe un solo campo, que ostenta el poder hegemónico, cuando esto es falso: el campo no es sólo agronegocio, y las estadísticas así lo indican. No se puede tapar el cielo con las manos. El problema tiene que ver con la distribución y uso de la tierra, con la estructura agraria. De todas maneras y como dato alentador, creo que cada vez son más los medios de comunicación que empiezan a indagar sobre estos conflictos por tierra, territorios y recursos naturales no renovables, que no sólo afectan al campesinado sino al conjunto de la población en cuanto a su seguridad y soberanía alimentaria.
–¿Podría decirse que estos conflictos empezaron concretamente con la expansión de la frontera agropecuaria y el proceso de sojización, que trajo a su vez consigo la explotación ganadera intensiva?
–El problema es de antigua data, y está íntimamente relacionado con la historia de nuestro país. Coincido con los autores que expresan que el problema de la propiedad de la tierra y la distribución de su renta es de cardinal importancia. Por supuesto que durante la década de los ’90 los conflictos se agudizaron de manera considerable. En efecto, el censo nacional agropecuario así lo indica: desaparecieron más de 200.000 pequeños productores y campesinos en nuestro país; el proceso de sojización se profundizó durante el neoliberalismo, cuando Carlos Menem y su secretario de Agricultura, Felipe Solá, autorizaron ilegítimamente y por decreto el ingreso de la semilla transgénica, el paquete tecnológico, etc., destruyendo gran parte del aparato productivo de nuestro país.
–La semana pasada se cumplió un año de la noche en que aprobaron en la Legislatura casi a escondidas una ley de bosques muy cuestionada por distintas organizaciones sociales que prefieren llamarla ley de “desmonte”. Algunos especialistas advierten que es una ley muy permisiva y que de continuar con este nivel de desmonte que tiene la provincia, en los próximos 15 años podría producirse la “desaparición definitiva de las poblaciones campesinas”. ¿Qué opinión le merece este asunto?
–Es evidente que la ley provincial 9.814 es inconstitucional ya que no respeta los presupuestos mínimos exigidos por la Ley Nacional de Bosques Nativos y la Ley General del Ambiente, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver esta cuestión, declarando la inconstitucionalidad de dicha ley, conforme al derecho. Los que participamos hace un año en los debates en la Legislatura quedamos anonadados al ver cómo las entidades patronales del campo (mesa de enlace) literalmente “apretaban” a nuestros representantes, con el objeto de imponer sus intereses sectoriales y mezquinos por sobre los intereses generales de todos los cordobeses. Así fue que entre gallos y medianoche aprobaron este mamarracho jurídico que llamaron Ley de Bosques, cuando en la práctica se está transformando en una Ley de Desmonte, que afecta de manera evidente nuestro derecho constitucional a un ambiente sano. Justamente el espíritu de la ley nacional era la conservación y mantenimiento de los bosques nativos en relación a los servicios ambientales que prestan a toda la sociedad, es por eso que junto a importantes sectores de la población cordobesa, exigimos la anulación de la citada ley provincial y la aprobación del proyecto participativo elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN).
–Cuando estuvo en la ONU dijo que el “modelo agro-minero exportador vigente pone en serio riesgo la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad”. Algunos sectores, sobre todo los sectores rurales más tradicionales, sostienen que la soberanía alimentaria no es viable en el país, y cuestionan que las economías regionales campesinas y los pequeños productores puedan ser un actor importante en este sentido, ¿cuál es su opinión?
–Más allá de mi opinión personal, la FAO viene planteando que para solucionar el problema del hambre y de la seguridad alimentaria es necesario que nuestros países estudien medidas que tiendan a reformas agrarias integrales, que escuchen a las comunidades afectadas. La soberanía alimentaria entiende que para que un pueblo sea soberano debe poder tomar las decisiones que lo afectan, decidir entre todos qué necesitamos comer y poner el territorio en función de eso. Y la rentabilidad sólo mide cuánto dinero puedo sacar de un lugar. En cambio el modelo campesino indígena no es tan cuantitativo sino que tiene que ver con lo que produzco, que yo cuido eso porque vivo de lo que produzco. Las comunidades tienen derecho a decidir qué comida sana quieren comer, de qué quieren vivir, qué producción diversificada desean. Tratamos de hacerlo todos los días, a nivel local, y creemos que puede haber un modelo nacional de ese tipo.
–En general, en las ciudades hay una concepción que entiende a la tierra como una mercancía. ¿Cuál diría a grandes rasgos que es la concepción que tiene el campesino de la tierra, de su relación con ella, de su significado cultural, social?
–Como dice un autor paraguayo, Quintín Riquelme, “para el campesino perder la tierra es perder su identidad”. Y desde mi lugar de abogado de los campesinos creo que el sistema jurídico se limita en la práctica a tratar el problema de la tierra como si esta fuera una simple mercancía, privilegiando la mirada desde la óptica de la propiedad privada sin tener en cuenta el interés general de la población. De esta forma, es funcional a la implementación del modelo agroexportador vigente, que aumenta la concentración de la riqueza, destruye la biodiversidad y criminaliza a las familias que deciden defender la tierra, el agua y el ambiente. Este problema estructural debe considerar una solución legislativa integral, que contemple la relación tierra-campesino, desde la perspectiva de la territorialidad y la función social que esta cumple en la sociedad.
–Días atrás, en el noroeste de Córdoba, el empresario Bautista Casimiro Balduzzi fue imputado por usurpar tierras campesinas. ¿Qué supone esta decisión del fiscal de instrucción de Cruz del Eje para el movimiento campesino?
–En nuestra provincia las familias campesinas, los pequeños productores y agricultores familiares viven una situación de inseguridad jurídica muy grave. Si bien el Código Civil es muy claro respecto del reconocimiento del derecho de toda persona que posea un inmueble en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, por más de veinte años, la inseguridad que significa para las familias no poder acceder a la Justicia es una de las principales causas que los somete a desalojos forzosos. Y la tarea de evidenciar lo evidente de manera objetiva no fue una tarea sencilla, llevó muchos años de trabajo en equipo. En ese contexto, a partir de estas imputaciones, se empieza a evidenciar un cambio de paradigma en la administración de justicia, ya que en la práctica los tribunales del interior, durante años, han perseguido y criminalizado a las familias campesinas del norte, familias que han nacido, que han criado a sus hijos con la producción individual y comunitaria de esas tierras, eran arbitrariamente imputadas por la supuesta comisión de ilícitos penales tales como usurpación, despojo, etc. Un sinsentido evidente: no se puede ser poseedor y usurpador al mismo tiempo. El Poder Judicial en la mayoría de los casos es la herramienta más efectiva para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores campesinos. Por esta razón, es alentadora y al mismo tiempo destacable la tarea de la Fiscalía de Cruz del Eje, a cargo del doctor Bertone. Hay que tener coraje para imputar al poderoso.
–En mayo de este año se produjo un histórico fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en el cual se reconoció el derecho de posesión ancestral de la tierra por parte de familias campesinas. ¿Cómo se logró llegar a eso después de tantos años de lucha de las organizaciones campesinas, qué significado jurídico tiene?
–En cuanto a las organizaciones que integran el Movimiento Campesino, de alguna manera importa un reconocimiento explícito a la tarea realizada por la entidad, fueron largos años de trabajo cotidiano y silencioso. Luego de más de diez años de trabajo técnico jurídico y lucha por parte de las organizaciones campesinas, se logró que el TSJ de Córdoba reconozca esta grave problemática y tome postura frente a la misma. El fallo del TSJ sobre las 2.700 hectáreas en el paraje El Chacho, Departamento Minas, sienta jurisprudencia en los casos de conflictos por la tenencia, uso y posesión de la tierra en nuestra provincia y en el país. De esta manera, y más allá de las particularidades de cada caso, puede servir para resolver futuros casos en donde el derecho de posesión y el derecho a la alimentación están en riesgo a causa de maniobras temerarias de algunos empresarios inescrupulosos que ven un buen negocio aprovechando la vulnerabilidad de las familias y comunidades del interior profundo. Es un importante avance desde la perspectiva jurídica y social.
–Sin embargo, el campesinado sigue denunciando persecuciones, ataques, amenazas: dos semanas atrás, campesinos del Departamento Alberdi en Santiago del Estero volvieron denunciar que fueron atacados por grupos armados ilegales que intentaron expulsarlos de sus tierras con el fin de que las ocupen empresarios rurales. ¿Cuán grave es la situación que sufren las familias campesinas en este sentido?
–Se avanzó pero aún falta mucho por hacer. Sobre todo trabajar para que la opinión pública acceda a la información, conozca sobre estas arbitrariedades y tome postura. En nuestro país la disputa por el uso de los territorios y bienes naturales es grave. Cuando las transnacionales del agronegocio explicitan su intención de expandir sus fronteras, inevitablemente deben avasallar derechos adquiridos de miles de familias y comunidades. Hoy coexisten dos modelos de agricultura antagónicos, en donde uno literalmente se quiere comer al otro: por un lado el del agronegocio, la concentración de la tierra en pocas manos, el desmonte indiscriminado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de las aguas con fumigaciones; por el otro, el de la agricultura social y ambientalmente sustentable, es decir, la agricultura familiar, campesina, indígena. Es grave que en un estado de derecho la gente de la tierra se quede sin tierras para vivir y producir dignamente.
–Hasta el mes pasado el Frente Nacional Campesino estuvo marchando a lo largo de distintas provincias. Después de recorrer algo así como 1.700 kilómetros, se realizó un acto en la Plaza del Congreso en el que reclamaron la sanción de una ley que ponga freno a los desalojos en las provincias. ¿En qué consistiría puntualmente esta ley?
–La totalidad de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar proponen políticas activas que garanticen la soberanía alimentaria y para lograrla es preciso detener los desalojos forzosos del campo y la ciudad, y avanzar en la declaración de la función social de la tierra, así como en el fortalecimiento y fomento de la agricultura urbana, campesina y familiar. Puntualmente en la propuesta de ley planteamos que es imprescindible el inmediato freno a los desalojos rurales que implican una clara violación a los más elementales derechos humanos de miles de familias. Para ello proponemos suspender los desalojos forzosos por cinco años, período durante el cual se deberá realizar un relevamiento catastral, dominial y posesorio en todo el territorio. No existen datos fehacientes a nivel nacional sobre tenencia y titularidad de las tierras rurales; por ejemplo en cuanto a la superficie actual en manos de empresas extranjeras, oscila entre 8 y 17 millones de hectáreas según datos difundidos, pero concretamente no se sabe. Idéntico problema tenemos con la cantidad de hectáreas que son poseídas y producidas por familias y comunidades campesinas, y agricultores familiares. De allí la importancia del relevamiento, y la creación de un registro transparente y federal.
–¿Cómo ve el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para frenar la extranjerización de la tierra?
–Es alentador que se empiece a debatir este tema. Es un buen punto de partida, pero falta mucho camino por recorrer. Es imprescindible avanzar en la discusión sobre el uso efectivo que se le da a la tierra más allá de la titularidad. El interés público muchas veces tiene que poner límites a los intereses privados, es una locura continuar sojizando el territorio argentino sin ningún tipo de ordenamiento territorial participativo. Hay que democratizar la discusión sobre la tierra en la Argentina para poder ver que existen muchos “campos” con realidades diferentes. Obviamente si se sigue permitiendo que empresas extranjeras puedan adueñarse de inmensos territorios como pasó en el sur del país, se está afectando nuestra soberanía e independencia económica. A la fecha hay 14 proyectos de ley sobre la materia. Esperamos que se traten de inmediato, pero el tema es tan sensible que la mayoría de los bloques se resiste a tratarlo en época electoral, por miedo a tener “costos políticos”. Coincidimos en parte con el proyecto del Ejecutivo en cuanto a la necesidad de un urgente relevamiento catastral y dominial para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las tierras rurales, y proponemos agregar el relevamiento posesorio y su efectivo uso.
–¿Por qué cree que los conflictos que padecen los campesinos no tienen demasiada presencia en los medios masivos de comunicación?
–De parte de los grandes medios hay claramente una decisión de invisibilizar el verdadero conflicto agrario, por múltiples factores, intereses creados, negociados (el Grupo Clarín invierte en los pools de siembra). Necesitan instalar la idea de que en la Argentina existe un solo campo, que ostenta el poder hegemónico, cuando esto es falso: el campo no es sólo agronegocio, y las estadísticas así lo indican. No se puede tapar el cielo con las manos. El problema tiene que ver con la distribución y uso de la tierra, con la estructura agraria. De todas maneras y como dato alentador, creo que cada vez son más los medios de comunicación que empiezan a indagar sobre estos conflictos por tierra, territorios y recursos naturales no renovables, que no sólo afectan al campesinado sino al conjunto de la población en cuanto a su seguridad y soberanía alimentaria.
–¿Podría decirse que estos conflictos empezaron concretamente con la expansión de la frontera agropecuaria y el proceso de sojización, que trajo a su vez consigo la explotación ganadera intensiva?
–El problema es de antigua data, y está íntimamente relacionado con la historia de nuestro país. Coincido con los autores que expresan que el problema de la propiedad de la tierra y la distribución de su renta es de cardinal importancia. Por supuesto que durante la década de los ’90 los conflictos se agudizaron de manera considerable. En efecto, el censo nacional agropecuario así lo indica: desaparecieron más de 200.000 pequeños productores y campesinos en nuestro país; el proceso de sojización se profundizó durante el neoliberalismo, cuando Carlos Menem y su secretario de Agricultura, Felipe Solá, autorizaron ilegítimamente y por decreto el ingreso de la semilla transgénica, el paquete tecnológico, etc., destruyendo gran parte del aparato productivo de nuestro país.
–La semana pasada se cumplió un año de la noche en que aprobaron en la Legislatura casi a escondidas una ley de bosques muy cuestionada por distintas organizaciones sociales que prefieren llamarla ley de “desmonte”. Algunos especialistas advierten que es una ley muy permisiva y que de continuar con este nivel de desmonte que tiene la provincia, en los próximos 15 años podría producirse la “desaparición definitiva de las poblaciones campesinas”. ¿Qué opinión le merece este asunto?
–Es evidente que la ley provincial 9.814 es inconstitucional ya que no respeta los presupuestos mínimos exigidos por la Ley Nacional de Bosques Nativos y la Ley General del Ambiente, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver esta cuestión, declarando la inconstitucionalidad de dicha ley, conforme al derecho. Los que participamos hace un año en los debates en la Legislatura quedamos anonadados al ver cómo las entidades patronales del campo (mesa de enlace) literalmente “apretaban” a nuestros representantes, con el objeto de imponer sus intereses sectoriales y mezquinos por sobre los intereses generales de todos los cordobeses. Así fue que entre gallos y medianoche aprobaron este mamarracho jurídico que llamaron Ley de Bosques, cuando en la práctica se está transformando en una Ley de Desmonte, que afecta de manera evidente nuestro derecho constitucional a un ambiente sano. Justamente el espíritu de la ley nacional era la conservación y mantenimiento de los bosques nativos en relación a los servicios ambientales que prestan a toda la sociedad, es por eso que junto a importantes sectores de la población cordobesa, exigimos la anulación de la citada ley provincial y la aprobación del proyecto participativo elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN).
–Cuando estuvo en la ONU dijo que el “modelo agro-minero exportador vigente pone en serio riesgo la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad”. Algunos sectores, sobre todo los sectores rurales más tradicionales, sostienen que la soberanía alimentaria no es viable en el país, y cuestionan que las economías regionales campesinas y los pequeños productores puedan ser un actor importante en este sentido, ¿cuál es su opinión?
–Más allá de mi opinión personal, la FAO viene planteando que para solucionar el problema del hambre y de la seguridad alimentaria es necesario que nuestros países estudien medidas que tiendan a reformas agrarias integrales, que escuchen a las comunidades afectadas. La soberanía alimentaria entiende que para que un pueblo sea soberano debe poder tomar las decisiones que lo afectan, decidir entre todos qué necesitamos comer y poner el territorio en función de eso. Y la rentabilidad sólo mide cuánto dinero puedo sacar de un lugar. En cambio el modelo campesino indígena no es tan cuantitativo sino que tiene que ver con lo que produzco, que yo cuido eso porque vivo de lo que produzco. Las comunidades tienen derecho a decidir qué comida sana quieren comer, de qué quieren vivir, qué producción diversificada desean. Tratamos de hacerlo todos los días, a nivel local, y creemos que puede haber un modelo nacional de ese tipo.
–En general, en las ciudades hay una concepción que entiende a la tierra como una mercancía. ¿Cuál diría a grandes rasgos que es la concepción que tiene el campesino de la tierra, de su relación con ella, de su significado cultural, social?
–Como dice un autor paraguayo, Quintín Riquelme, “para el campesino perder la tierra es perder su identidad”. Y desde mi lugar de abogado de los campesinos creo que el sistema jurídico se limita en la práctica a tratar el problema de la tierra como si esta fuera una simple mercancía, privilegiando la mirada desde la óptica de la propiedad privada sin tener en cuenta el interés general de la población. De esta forma, es funcional a la implementación del modelo agroexportador vigente, que aumenta la concentración de la riqueza, destruye la biodiversidad y criminaliza a las familias que deciden defender la tierra, el agua y el ambiente. Este problema estructural debe considerar una solución legislativa integral, que contemple la relación tierra-campesino, desde la perspectiva de la territorialidad y la función social que esta cumple en la sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario