Por Tomás Argüello
(Cba Noticias – Río Cuarto) La Justicia Federal procesó el día tres de septiembre por “estrago doloso agravado” a siete de los imputados por las explosiones en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), durante un ensayo con solventes, que ocurrió en diciembre de 2007 y dejó como saldo seis muertos. De acuerdo a los datos suministrados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó al ex vicedecano de Ingeniería de la UNRC, Carlos Bortis; al ex secretario, de Coordinación Técnica y Servicios, José Luis Pincini y al secretario Técnico de Ingeniería, Sergio Antonelli.
También, a la directora del Departamento de Química, Miriam Ferrari; la vicedirectora del Departamento de Química, Matilde Ducros; Javier Boreti y Aníbal De Marco, ambos de la empresa Smet que se encargaba de la provisión del hexano para los ensayos que ocasionaron las explosiones fatales.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó además la falta de mérito al decano Diego Moitre, quien estaba de licencia cuando ocurrieron las explosiones, y desestimó la acción penal contra Miguel Mattea, director de la investigación y fallecido en ese episodio.
Nunca hubo explicaciones acerca de las relaciones entre la multinacional “De Smet” y su socia “AGD” (Aceitera General Deheza), y su vinculación con las explosiones de la Planta Piloto.
El 5 de diciembre de 2007 estallaron los tubos de hexano con los que se realizaban las investigaciones dentro de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería.
El vicedecano Diego Bortis, ahora procesado, presidía la Fundación de la Universidad que tenía previsto firmar un convenio con la empresa De Smet para el desarrollo de tareas de investigación con hexano.
Las investigaciones determinaron que ese solvente orgánico, volátil e inflamable, se encontraba albergado en forma irregular en el laboratorio de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería. Al parecer, los tanques de hexano estallaron al entrar en contacto con equipamiento del laboratorio, que registraba altas temperaturas.
Los ingenieros José Luis Pincini (Secretario de Coordinación Técnica y Servicio y miembro de la Comisión de Higiene y Seguridad de la U.N.R.C) y Sergio Fabián Antonelli (Secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad) se generan obligaciones a partir del cargo que asumieron en la Universidad y especialmente en la Planta Piloto.
Para Ochoa, pudieron haberse interiorizado puntualmente del proyecto del GIDPO aunque hubo falta de supervisión del sector, según señalaron testigos ante la Justicia.
La Justifica Federal consideró que si la conducta de Pincini y Antonelli hubiera sido la adecuada “el evento dañoso no se habría producido o en caso de que sucediera, sus efectos no hubieran sido tan devastadores”.
El grupo Gidpo, según surge de la resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería N° 014/93, dependía del Departamento de Tecnología Química que era encabezado por Miriam Ferrari y Edith Ducrós. En la instrucción se desprende que cualquier proyecto que comprendía al equipo de investigación debía ser visado y monitoreado por la autoridades del Departamento.
Con este análisis lógico, se señala que Ferrari y Ducrós “tenían la obligación de supervisar las actividades del Grupo GIDPO”.
Es decir, los acusados habrían tenido la posibilidad de evitar el hecho y no lo hicieron. No solo no debían desconocer lo que sucedía en la Planta sino que debieron controlarlo.
Si hubiesen recorrido el lugar habrían advertido la forma en que se almacenaba y manipulaba el hexano, “lo que les hubiera posibilitado comunicar su existencia a las máximas autoridades de la Facultad de Ingeniería y al propio Rector de la U.N.R.C.”.
Sabían de las normas de aplicación obligatoria en materia de seguridad pero esas regulaciones fueron vulneradas.
“No se trató de un accidente o fatalidad que puede suceder en el desarrollo de cualquier actividad laboral o investigativa (…) sino de un criterio imprudente que ocasionó un resultado que no debió acontecer”, afirmó el juez Carlos Ochoa en un párrafo de su fallo, respecto a las explosiones de 2007 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. “La única utilidad que encuentro al lamentable suceso, es que nos enseñó que hechos de esta naturaleza no pueden volver a suceder, por lo que exhorto a la comunidad universitaria en general y a las autoridades a su cargo, a realizar las debidas autocríticas extremando y efectivizando las medidas vinculadas a la seguridad”, sostuvo el juez. En su resolución, Ochoa expresó que el criterio de evaluación de la investigación, la “nula” seguridad del sitio y el desarrollo del experimento fueron “equivocados y hasta obstinados”. Consideró que se infringieron “elementales pautas técnicas y de seguridad” y hasta de “la lógica y el sentido común”.
¿Qué universidad queremos?
Días después de la explosión comenzaron las asambleas auto convocadas por la comunidad universitaria, pero que llegaron a ser concurridas no solo por los miembros de ésta (estudiantes, docentes y personal no docente) sino también transcendieron a toda la población ríocuartense. Llegando incluso a realizarse asambleas abiertas en la plaza principal de la ciudad. En estos encuentros se expusieron varios y diferentes puntos de vista sobre una discusión que lamentablemente tuvo que esperar una tragedia. Una discusión que traspasaba las otras cuestiones que iban surgiendo, no por ser menos importantes pero si más visibles.
Lo primero que surgió fue sobre la seguridad laboral, donde docentes principalmente de la facultad de ciencias humanas bregaban por una suerte de hacinamiento que sufren en sus lugares de trabajos que son compartidos por dos o tres equipos de investigación de aproximadamente más de cuatro personas cada uno; a esto se le sumaba el reclamo por las condiciones laborales del personal no docente, donde tomo gran notoriedad los trabajadores encargados del comedor, representados por la agrupación Peco Duarte de la CTA. También fue motivo de discusión si la universidad debía ser abierta o continuar cerrada hasta que finalizara el año con motivo de duelo; y los infaltables oportunistas políticos que trataban de ensuciar la cancha tratando de introducir en la mayoría de la gente su visión simplista de lo ocurrido que tenia como solución la renuncia del rector Spada. Posición que caló muy fuerte al principio debido a la bronca y la impotencia generalizada de los compañeros de las 6 personas afectadas por la tragedia que iban falleciendo uno por uno en el hospital del quemado en Córdoba Capital. Bronca que por el momento trató de ser canalizada por agrupaciones estudiantiles y sectores docentes que aspiraban a mellar la figura de Spada debatiéndose con quienes terminaron convirtiéndose en una suerte de representantes del rector en las asambleas: la agrupación estudiantil Espacio Independiente que presidía y preside actualmente la Federación Universitaria de Río Cuarto.
Más allá de todas estas cuestiones, a ya casi 2 años de la tragedia, lo que se intenta resaltar en esta nota es una discusión que comenzó a partir de allí. La cuál puede decirse es la base de esta desdicha. El afán de investigadores envueltos en una lógica perversa de avanzar a cualquier costa, sin tratar de juzgar a los que estuvieron implicados en el hecho, sino de ver el punto de reflexión en que toda la comunidad universitaria debió y debe detenerse a pensar en cuanto influye la lógica capitalista salvaje del éxito a cualquier costo en el ámbito de investigación universitario. Y por otro lado, pero relacionado con lo anterior, es la pregunta de cuáles son los limites éticos que tienen las universidades a la hora de recibir fondos de empresas privadas para proyectos de investigación.
Al respecto de esta cuestión se agrega un hecho que ha saltado a la luz en este tiempo; los fondos que han recibido varias universidades de la empresa minera La Alumbrera lo cuál nos indaga sobre el rol y el sentido de la Universidad pública.
Cuando los grupos económicos concentrados van llevando las riendas de la política argentina. También influyen con fuerza sobre las universidades porque no ha habido decisión política para derogar la Ley de Educación Superior Menemista, que por muchos mecanismos, entrega las universidades al mercado. El debate que se va configurando es si permitimos que la Universidad esté al servicio de los grupos económicos concentrados de aquí y de afuera, en dejar que nuestras universidades sean los laboratorios y el área de Recursos Humanos de las empresas del despojo, si queremos nuestra universidad funcional al saqueo de millones de argentinos y argentinas, si la queremos de rodillas a las transnacionales, o si vamos a parar un pensamiento crítico y comprometido, que defienda nuestra soberanía, nuestro medioambiente, y con ello, la posibilidad de una vida digna para las grandes mayorías postergadas.
La minera a cielo abierto La Alumbrera, situada en Catamarca y con un proceso judicial por contaminación, repartió a las universidades nacionales una parte ínfima de su ganancia (86 millones de pesos), que los Rectores aprobaron sin debate.
- (Fuente: http://www.opisantacruz.com.ar)
Las Universidades Nacionales aparecen como un engranaje mas dentro de la estrategia de las multinacionales, otorgando la “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas.
La Ley de Educación Superior Menemista, no modificada por el gobierno de Cristina, permite el financiamiento externo como respuesta al desfinanciamiento estatal de la Universidad.
La injerencia de la industria minera en la educación universitaria, incide sobre los planes institucionales de gobierno, sobre la estructura universitaria, sobre la valorización del desempeño docente, sobre la evaluación de la investigación, sobre los planes de estudio, sobre el concepto de la finalidad del conocimiento elaborado, sobre el sentido de la formación profesional, sobre el carácter público de la educación.
En estas semanas el Movimiento estudiantil SUR, ha lanzado una campaña nacional difundiendo la necesidad de recuperar y defender nuestros recursos naturales. Poniendo énfasis en la denuncia de la actual explotación minera y en contra de que las universidades reciban fondos provenientes de estas empresas.
Cabe resaltar esta campaña por el impacto que causa en la comunidad universitaria de Río Cuarto, al coincidir con este debate que se ha vuelto a abrir; partiendo que la tragedia fue ocasionada por 5 barriles de 200 litros de hexano, que eran parte de un proyecto de investigación financiado por una empresa privada que tenía un beneficio directo con el resultado de esa investigación.
http://www.acordobanoticias.com.ar/?p=4480
No hay comentarios:
Publicar un comentario