El abogado del comerciante Ramón Mazzeo cuestionó la articulación de la entidad con otros actores nacionales de la lucha campesina e intentó demostrar su participación en otros episodios de corte de alambrados. Valeria Loyola, hija de uno de los poseedores del campo en litigio, calificó a Mazzeo como “prepotente y peligroso” y reveló que su peón estaba armado y les “mataba gallinas y cabras”. El caso se definiría el 26 de diciembre.
2007-12-14 ::
Por Alexis Oliva – Prensared
La falta de agua en la zona de Serrezuela y el aire acondicionado demasiado frío en la sala de audiencias de los tribunales de Cruz del Eje, han ido induciendo a los acusados a cambiar sus remeras alusivas a la persecución de la lucha campesina por otra vestimenta. En la cuarta audiencia, sólo dos tenían puestas las camisetas verdes con la leyenda “ACUSADO por defender la vida campesina”. Uno de ellos era el sacerdote Carlos Julio Sánchez.
La remera estampada fue más que nunca un signo de identidad militante, ya que en su cuarto episodio, el proceso a los once imputados de “daño calificado agravado por delito en banda” por desalambrar un campo en defensa de la posesión histórica de una familia, se volvió a politizar con un fuerte embate de la querella para deslegitimar a la organización campesina Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc).
La audiencia comenzó con el aporte de tres antiguos vecinos de la zona de Cañada Larga convocados por la defensa. Tanto el comerciante y agricultor Juan Gervasio Maldonado, como el jornalero jubilado Pascual Anselmo Romero y el productor pecuario Mamerto González, afirmaron conocer desde hace muchos años a la familia Loyola, que “se ha defendido para la subsistencia” con la crianza de vacas y cabritos que beben en los pozos de agua fabricados por la propia familia, al igual que el camino que lleva al campo. También coincidieron en señalar que los campos del lugar son en su mayoría abiertos y sólo se utilizan cercos de ramadas que permiten la ida y vuelta de animales hacia las aguadas y pasturas. Los tres oyeron comentar que el motivo de la controversia entre los Loyola y el comerciante bonaerense Ramón Mazzeo “era el problema del alambrado”, porque “los damnificados decían que los animales no podían pasar a tomar agua” -según explicitó Maldonado- y por eso el alambrado fue cortado.
Previo a un cuarto intermedio, el abogado Pablo Olmos, representante de Mazzeo, pidió al Tribunal incluir como prueba una serie de artículos recolectados en páginas de Internet, donde constaban las vinculaciones de Apenoc con otras organizaciones representativas de la lucha campesino-indígena. Pasado el recreo, los jueces rechazaron por mayoría la prueba. La presidenta Clara Luna de Manzano y la vocal Nancy Menehem fundamentaron su posición en la no pertinencia de ese material en relación a lo que se está juzgando, mientras que el vocal Angel Andreu votó admitirlo en virtud de preservar el principio de acusación y porque la defensa no se había opuesto a la proposición de la querella.
(“No tenemos problema de que haya información pública sobre Apenoc; al contrario”, había dicho el abogado Ramiro Fresneda. Sus palabras podían ilustrarse con que en las dos últimas audiencias no hubo en la sala otro medio periodístico que Prensared, lo que hacía pensar en otro tipo de “cerco”, el deliberado silencio informativo sobre un tema de obvio interés social).
Acto seguido, el licenciado en trabajo social Rubén Santillán debía dejar constancia de un casamiento en la localidad bonaerense de Carhué, al que concurrió con el imputado Juan Herrero entre el 3 y el 6 de febrero de 2005, por lo que éste no pudo haber participado del incidente que se juzga, ocurrido el 5 de febrero. Pero aclarada la ausencia de Herrero ese día en Cañada Larga, el interrogatorio de la parte querellante derivó hacia las actividades de Apenoc y su pertenencia al Movimiento Campesino de Córdoba y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Santillán, quien se desempeña como Tesorero de Apenoc, explicó que la entidad tiene personería jurídica, realiza balances, funciona con una asamblea de delegados y tiene articulación a nivel provincial y nacional, con “un espíritu de horizontalidad”. Su finalidad es asesorar a los campesinos en la adquisición de insumos, producción y comercialización y bregar por los derechos a la tierra, el agua y la salud. “Desde compras comunitarias de maíz, hasta apoyar a una familia para que no sea desalojada”, graficó el testigo.
-¿Con cortes de alambre? –quiso saber el abogado Olmos.
-No es habitual. Si la familia lo decide, se ha llegado a parar topadoras para que no desmonten.
-¿Participan en otros conflictos que tienen que ver con la tierra?
-Sí.
-¿Como el de La Rinconada (departamento Río Seco)? –indagó el querellante.
-Sí –respondió Santillán.
En el marco de ese conflicto -según aseguró Olmos- “se cortaron 10.000 metros de alambrado”, lo que hizo que el Tribunal quisiera profundizar el interrogatorio:
-¿Por qué se resuelve cortar el alambrado? –inquirió la jueza Menehem.
-Como en este caso, cuando alguien alambra y la familia lo siente como un avasallamiento, lo comunica a otras familias y se decide. Pero no siempre se toma esa decisión; sólo en un caso puntual. –volvió a aclarar el testigo.
Luego le tocó el turno a Héctor Hugo Osses, jefe comunal de Tuclame. Convocado por la defensa, dijo conocer a los Loyola, quienes “desde que tengo uso de razón viven ahí”. Además, Osses aportó el dato de que con su padre, que era albañil, construyeron la parte superior del pozo de agua de los Loyola, donde dejaron una marca: “1971”.
La fiscal Aydeé Gersicich le preguntó si sus funciones incluyen intervenir en este tipo de conflictos.
-No, sólo la parte social –dijo Osses.
-¿Usted no media en conflictos entre vecinos?
-Si no me dan participación, no.
La última en declarar fue Valeria Loyola, hija del imputado Carlos Nicolás Loyola, quien relató que “la comunidad decidió cortar el alambrado, porque los animales no podían llegar a las pasturas”. También refirió que ese día la reunión de delegados de Apenoc se realizó en el campo de los Loyola y hasta allí llegó Juan Allende -el cronista de FM Serrezuela también acusado en la causa-, quien les hizo una entrevista a ella y su madre y después se fue, por lo que no habría participado del episodio que se juzga. (En este momento, la querella pidió que se la investigue por “posible falso testimonio” en virtud de una disparidad de horarios respecto lo testificado por el propio Allende).
La joven también aclaró no haber participado de la acción en que se desmanteló del alambrado construido por Mazzeo: “No fui por miedo a ese hombre. Miedo porque es muy prepotente y peligroso. Una vez nos tiró el auto encima, cuando le llevamos la medida de no innovar. Y siempre amenazaba”. Además, reveló que el cuidador contratado por Mazzeo tenía un arma larga, con la que “nos mató cabras y gallinas”.
Al terminar de exponer, el vocal Andreu le preguntó: “No entiendo por qué no denunciaron esta matanza de animales”.
-Porque nos habíamos cansado de denunciar y nunca pasaba nada. Era otra denuncia perdida –replicó la joven.
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