Embate político de la querella contra la organización Apenoc

El abogado del comerciante Ramón Mazzeo cuestionó la articulación de la entidad con otros actores nacionales de la lucha campesina e intentó demostrar su participación en otros episodios de corte de alambrados. Valeria Loyola, hija de uno de los poseedores del campo en litigio, calificó a Mazzeo como “prepotente y peligroso” y reveló que su peón estaba armado y les “mataba gallinas y cabras”. El caso se definiría el 26 de diciembre.

2007-12-14 ::

Por Alexis Oliva – Prensared

La falta de agua en la zona de Serrezuela y el aire acondicionado demasiado frío en la sala de audiencias de los tribunales de Cruz del Eje, han ido induciendo a los acusados a cambiar sus remeras alusivas a la persecución de la lucha campesina por otra vestimenta. En la cuarta audiencia, sólo dos tenían puestas las camisetas verdes con la leyenda “ACUSADO por defender la vida campesina”. Uno de ellos era el sacerdote Carlos Julio Sánchez.

La remera estampada fue más que nunca un signo de identidad militante, ya que en su cuarto episodio, el proceso a los once imputados de “daño calificado agravado por delito en banda” por desalambrar un campo en defensa de la posesión histórica de una familia, se volvió a politizar con un fuerte embate de la querella para deslegitimar a la organización campesina Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc).

La audiencia comenzó con el aporte de tres antiguos vecinos de la zona de Cañada Larga convocados por la defensa. Tanto el comerciante y agricultor Juan Gervasio Maldonado, como el jornalero jubilado Pascual Anselmo Romero y el productor pecuario Mamerto González, afirmaron conocer desde hace muchos años a la familia Loyola, que “se ha defendido para la subsistencia” con la crianza de vacas y cabritos que beben en los pozos de agua fabricados por la propia familia, al igual que el camino que lleva al campo. También coincidieron en señalar que los campos del lugar son en su mayoría abiertos y sólo se utilizan cercos de ramadas que permiten la ida y vuelta de animales hacia las aguadas y pasturas. Los tres oyeron comentar que el motivo de la controversia entre los Loyola y el comerciante bonaerense Ramón Mazzeo “era el problema del alambrado”, porque “los damnificados decían que los animales no podían pasar a tomar agua” -según explicitó Maldonado- y por eso el alambrado fue cortado.

Previo a un cuarto intermedio, el abogado Pablo Olmos, representante de Mazzeo, pidió al Tribunal incluir como prueba una serie de artículos recolectados en páginas de Internet, donde constaban las vinculaciones de Apenoc con otras organizaciones representativas de la lucha campesino-indígena. Pasado el recreo, los jueces rechazaron por mayoría la prueba. La presidenta Clara Luna de Manzano y la vocal Nancy Menehem fundamentaron su posición en la no pertinencia de ese material en relación a lo que se está juzgando, mientras que el vocal Angel Andreu votó admitirlo en virtud de preservar el principio de acusación y porque la defensa no se había opuesto a la proposición de la querella.

(“No tenemos problema de que haya información pública sobre Apenoc; al contrario”, había dicho el abogado Ramiro Fresneda. Sus palabras podían ilustrarse con que en las dos últimas audiencias no hubo en la sala otro medio periodístico que Prensared, lo que hacía pensar en otro tipo de “cerco”, el deliberado silencio informativo sobre un tema de obvio interés social).

Acto seguido, el licenciado en trabajo social Rubén Santillán debía dejar constancia de un casamiento en la localidad bonaerense de Carhué, al que concurrió con el imputado Juan Herrero entre el 3 y el 6 de febrero de 2005, por lo que éste no pudo haber participado del incidente que se juzga, ocurrido el 5 de febrero. Pero aclarada la ausencia de Herrero ese día en Cañada Larga, el interrogatorio de la parte querellante derivó hacia las actividades de Apenoc y su pertenencia al Movimiento Campesino de Córdoba y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Santillán, quien se desempeña como Tesorero de Apenoc, explicó que la entidad tiene personería jurídica, realiza balances, funciona con una asamblea de delegados y tiene articulación a nivel provincial y nacional, con “un espíritu de horizontalidad”. Su finalidad es asesorar a los campesinos en la adquisición de insumos, producción y comercialización y bregar por los derechos a la tierra, el agua y la salud. “Desde compras comunitarias de maíz, hasta apoyar a una familia para que no sea desalojada”, graficó el testigo.

-¿Con cortes de alambre? –quiso saber el abogado Olmos.

-No es habitual. Si la familia lo decide, se ha llegado a parar topadoras para que no desmonten.

-¿Participan en otros conflictos que tienen que ver con la tierra?

-Sí.

-¿Como el de La Rinconada (departamento Río Seco)? –indagó el querellante.

-Sí –respondió Santillán.

En el marco de ese conflicto -según aseguró Olmos- “se cortaron 10.000 metros de alambrado”, lo que hizo que el Tribunal quisiera profundizar el interrogatorio:

-¿Por qué se resuelve cortar el alambrado? –inquirió la jueza Menehem.

-Como en este caso, cuando alguien alambra y la familia lo siente como un avasallamiento, lo comunica a otras familias y se decide. Pero no siempre se toma esa decisión; sólo en un caso puntual. –volvió a aclarar el testigo.

Luego le tocó el turno a Héctor Hugo Osses, jefe comunal de Tuclame. Convocado por la defensa, dijo conocer a los Loyola, quienes “desde que tengo uso de razón viven ahí”. Además, Osses aportó el dato de que con su padre, que era albañil, construyeron la parte superior del pozo de agua de los Loyola, donde dejaron una marca: “1971”.

La fiscal Aydeé Gersicich le preguntó si sus funciones incluyen intervenir en este tipo de conflictos.

-No, sólo la parte social –dijo Osses.

-¿Usted no media en conflictos entre vecinos?

-Si no me dan participación, no.

La última en declarar fue Valeria Loyola, hija del imputado Carlos Nicolás Loyola, quien relató que “la comunidad decidió cortar el alambrado, porque los animales no podían llegar a las pasturas”. También refirió que ese día la reunión de delegados de Apenoc se realizó en el campo de los Loyola y hasta allí llegó Juan Allende -el cronista de FM Serrezuela también acusado en la causa-, quien les hizo una entrevista a ella y su madre y después se fue, por lo que no habría participado del episodio que se juzga. (En este momento, la querella pidió que se la investigue por “posible falso testimonio” en virtud de una disparidad de horarios respecto lo testificado por el propio Allende).

La joven también aclaró no haber participado de la acción en que se desmanteló del alambrado construido por Mazzeo: “No fui por miedo a ese hombre. Miedo porque es muy prepotente y peligroso. Una vez nos tiró el auto encima, cuando le llevamos la medida de no innovar. Y siempre amenazaba”. Además, reveló que el cuidador contratado por Mazzeo tenía un arma larga, con la que “nos mató cabras y gallinas”.

Al terminar de exponer, el vocal Andreu le preguntó: “No entiendo por qué no denunciaron esta matanza de animales”.

-Porque nos habíamos cansado de denunciar y nunca pasaba nada. Era otra denuncia perdida –replicó la joven.

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TRAGEDIA DE RIO IV: UN TESTIMONIO

Conozcamos la verdad sobre una tragedia

Universidad de Río IV: un testimonio


Por Caro Savino, Licenciada en Ciencias de la Comunicación (contratada en la Universidad)




Hola compañeros: ¿cómo están? Les escribo para contarles lo que paso en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde la mayoría saben que trabajo.Hoy mi amiga Cecilia de México me pregunto quiénes saben y qué saben. Y ahí reaccione que es necesario contarlo. No sé qué está saliendo por los medios. Ni me importa, hace rato dejé de tenerlos en cuanta. Lo que les relato es parte de lo que sentimos y vivimos quienes estuvimos ahí. Porque ayer se murió Juan, porque estamos esperando que en cuestión de horas nos avisen de la muerte del resto de los compañeros heridos que están internados en Córdoba. Porque la mayoría se van a morir (los médicos dicen que las quemaduras con hexanos son las peores). Porque pudimos ser nosotros.
El hexano es un hidrocarburo altamente inflamable que dicen que no puede ser manipulado en lugares cerrados. En la Planta Piloto de la UNRC (que es donde se llevan a cabo los procesos industriales de una materia prima, en este caso la extracción de aceites vegetales por solvente) había 20 tachos de hexano. Sólo explotaron 4 Sino hoy no les cuento ésto yo.Y ahí comienza la historia.
El miércoles a las 10 de la mañana cada uno estábamos en las tareas habituales hasta que escuchamos una serie de explosiones (creo que tres) y ahí empezó el caos La gente que corría y gritaban "¡Corran que volamos todos!", "¡explota la Planta Piloto!". Ahí sólo tengo recuerdos como fotos: yo que vuelvo a mi oficina (estaba en otra), agarro mi cámara de fotos
(instinto puro porque ni lo pensé) y a Andrea, una compañera discapacitada que trabaja conmigo, y a correr y correr. Y darte vuelta y ver mucho humo negro y denso. Y los gritos, y las mamás con sus bebes en brazos envueltos para que no les llegue el humo, y otras mamás y papás corriendo desesperados hasta el jardín maternal a buscar a sus niños (el jardín que esta a metros de la planta piloto). La desesperación era correr y sentir que podía explotar todo debajo de nuestros pies.
Ahí me subo a un auto. Y llegamos a la puerta y ver las ambulancias con los quemados. Y aparecer en la casa de mis padres con Andrea.Y no sé. eso fue ese día. Después llorar y agradecer haber zafado. Y volver a llorar por los heridos. Y un cansancio grande. Y luego viene la bronca.Y más bronca al saber que ayer murió Juan. Y ahí empezamos a atar pedacitos
de relatos y a reconstruir lo que nos paso. Y más bronca.
Juan Politano era un estudiante de Ingeniería Química de 21 años que estaba en la Planta Piloto. Aparentemente uno de los tubos de hexano se zafó de una grúa y al ser tan inflamable cayó y comenzó el fuego y las explosiones en cadena. Juan recibió la orden de salir y salió junto a otro compañero. Pero Juan volvió porque recordó una llave de gas abierta. Y volvió a cerrarla porque sino volábamos todos. Y Juan encontró la muerte para salvarnos al resto Su padre cuenta que Juan participaba de una investigación peligrosa de carácter secreto. "Mi hijo me dijo que hacía dos meses lo habían invitado a participar de un equipo de investigación que trabajaba en un proyecto secreto sobre combustibles y la investigación estaba subvencionada por una empresa extranjera".
Venden la universidad, venden las investigaciones al extranjero, a los poderosos de acá (porque también dicen que estaba involucrada la empresa belga llamada DE SMET, una multinacional con presencia en 148 países. Se encontraron los protocolos de trabajo). TODOS LOS RESPONSABLES DE CONDUCIR LA UNIVERSIDAD LO NIEGAN. NINGUNO SABE NADA.
Hay otros nueve compañeros heridos de gravedad con más del 30% de quemadura de la superficie corporal. Es muy probable que la mayoría muera. El hexano es letal. Hay otros 10 heridos de menor gravedad. Y estamos el resto. los que corrimos, los que sentimos que zafamos. Tenemos sensaciones encontradas, la bronca a flor de piel. Y la pregunta de ¿POR QUÉ? ¿Porqué tan cerca nuestro, por qué exponernos de esa manera? ¿Porqué no aprendemos decir NO a quienes exigen que se investigue a costa de lo que sea, a olvidarnos de nuestra condición humana con tal de investigar, producir, posgraduarse, publicar, trabajar en pésimas condiciones y correr y competir? Se supone "la Universidad debe estimular la participación de los miembros de la comunidad en favor de la vida, la paz, la democracia y los valores de la libertad".
Y están las autoridades: NINGUNA pidió perdón por lo que pasó, ninguno presentó la renuncia. Todos dicen no saber. Ni siquiera piden perdón por no saber. Implícitamente pretenden responsabilizar a los heridos. En la Universidad nada se compra (ni un puto cartucho de tinta) sin que se hagan miles de trámites burocráticos. Y ahora dicen no saber que había 20 tachos de hexano.Ayer tuvimos una asamblea. Exigimos que se vayan, que se hagan cargo. No queremos entrar más a la universidad hasta que estemos a salvo. Porque lo del hexano fue una cosa. Pero ayer saltaron miles de otras situaciones de casi tanta peligrosidad potencial como lo que pasó. Por ejemplo, para quienes fueron al encuentro nacional saben que hay un anfiteatro hundido en el centro de la universidad (mi oficina esta arriba del mismo). Bueno, en los dos costados del anfiteatro están los laboratorios de Microbiología y Química con solventes y mecheros en pésimas condiciones, con mangueras podridas. Cuando se solicita cambiarlos dicen "NO HAY PRESUPUESTO".
Y bueno, chicos, sólo quería contarles en general lo que está pasando porque algunos me lo preguntan por Messenger o por teléfono y me pareció mejor compartirlo de una vez y a todos. En mi relato hay muchos "DICEN" porque está todo muy reciente.
Ahora nos queda la bronca, el juntarnos y el intentar que lo que le pasó a Juan, a los heridos y a nosotros no sea en vano. Y que todos, cada uno de nosotros en el ámbito que sea, aprendamos a decir NO si está en riesgo potencial nuestra vida o la de los compañeros. Uno cree que nunca le va a pasar. Hasta que pasa.
A las 14 tenemos una asamblea. Y voy con mis compañeros de acá y con cada uno de Uds., porque como dice el Negro Elias, "nos hacemos falta".
Los quiero. Los amo. Y hoy quería decírselos.


Caro Savino







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"Absurdo suponer que el paraiso
es sólo la igualdad, las buenas leyes;
el sueño se hace a mano y sin permiso
arando el porvenir con viejos bueyes"
Silvio Rodríguez

LAS COSAS NO ESTAN CLARAS EN SALSACATE

En esta nota de La Voz del Interior, quedan reflejadas las dos posiciones que siempre encontramos en los lugares donde aparecen las mineras. Por un lado los que saben que en ningún lugar del mundo las mineras dejaron beneficios para los pueblos y que sí contaminan y usan mucha agua. Por otro lado los que creen en las promesas de los mineros sobre el florecimiento de la economía del lugar, los puestos de trabajo, etc.
Veamos qué es lo que está ofreciendo este señor Gutierrez: "una mano grande al pueblo" consistente en 10 (diez) becas-pasantías para los alumnos de la escuela técnica. Lo que no dice es que secarán y contaminarán los cursos de agua, que dinamitarán los cerros y esparcirán polvos por los aires los 365 días del año, que acabarán con la biodiversidad de la zona de influencia y que se llevarán todo lo que extraigan sin dejar ningún beneficio económico. Tampoco hablan de las escombreras de material estéril (inútil) que durante siglos seguirán produciendo derrames ácidos.

Vecinos de Salsacate discuten qué es más valioso: el oro o el agua
Héctor Brondo
De nuestra Redacción
hbrondo@lavozdelinterior.com.ar

Los movimientos incipientes de exploración minera en parajes del departamento Pocho, que viene realizando desde hace más de un año una empresa multinacional con sede en Vancouver, Canadá, han instalado la preocupación y generado expectativas favorables por partes iguales en Salsacate, pintoresca población del valle de Traslasierra, 140 kilómetros al noroeste de Córdoba capital.

Teck Cominco, corporación canadiense con antecedentes profusos en tareas de exploración minera en América, Asia, Europa y África, arrendó en 2006 de manera temporaria el campo de Benito Arias, enclavado en el paraje Alto de la Cruz, unos 20 kilómetros al oeste de Salsacate y a dos de Cañada de Salas.

Tomó a seis jornaleros para labores ocasionales y comenzó a extraer material en la zona de los Cerros de Pocho (también conocido como Cerros Azules) para someterlo a estudios geológicos con el fin de determinar la existencia de oro u otros metales preciosos en la región.

El punto de estudio está próximo a las minas de Cuchiyaco, a sólo ocho kilómetros de Salsacate, una antigua explotación de plata que data de 1528, luego de que esas tierras fueran repartidas entre 10 comendaderos por Jerónimo Luis de Cabrera. Aún se observa una docena de bocas de ingreso que perforan el cerro, formando un intrincado laberinto de túneles que se ofrece al turista como una alternativa para descubrir y disfrutar.

Voz de alerta. María Teresita Ontivero, directora y maestra de la Escuela Rural Dalmacio Vélez Sársfield, ubicada en Cañada de Salas y a la que asisten sólo 11 chicos, tomó conocimiento del proyecto a partir de comentario de sus alumnos, varios de ellos hijos de jornaleros contratados por Teck Cominco. Se le ocurrió trabajar el tema en las aulas siguiendo la consigna del plan educativo provincial que sugiere “educar en saberes significativos y no en conceptos vacíos”.

Graciela Ballesteros, inspectora de la zona 7.310 del Ministerio de Educación, respaldó la iniciativa de la docente y se sumó luego, de manera activa, a una campaña de concientización de la comunidad.

“Nosotros trabajamos en un proyecto denominado ‘Aprendizaje basado en problemas’ y este asunto se enmarca perfectamente en él”, comentó la funcionaria, para quien “en una zona donde se necesita trabajo, la propuesta de una mina se presenta como la panacea”.

“Un día, allá por abril de este año, vino a la escuela un señor de la empresa minera que está haciendo exploración en Alto de la Cruz. Nos dijo que la extracción de oro traería muchos beneficios económicos al pueblo y prometió ayudar a nuestra comunidad educativa”, aseguró Ontivero. “A nosotros lo que más nos preocupa es que la explotación se asentaría en un sitio donde hay una reserva de agua que la Municipalidad de Salsacate quiere usar para abastecer a Cañada de Salas (de unos 150 habitantes). Tengo entendido que el proyecto ha sido aprobado por Dipas”, señaló la maestra. “Acá el agua es más valiosa que el oro”, remató con convicción la docente.

Traslasierra es una región árida y la disponibilidad de agua dulce, tanto superficial como subterránea, es sumamente escasa. Quienes se oponen a una eventual explotación minera sostienen que el impacto ambiental de la extracción a cielo abierto sería nefasta para la región. Entre otras cosas, porque a la desmesurada demanda de agua que requiere el sistema de explotación minera a cielo abierto habría que sumarle los riesgos altos de contaminación directa del recurso.

En los Cerros de Pocho nace, entre otros, el arroyo Poca, tributario del río San Carlos que desemboca en el dique Pichanas. Este embalse de 440 hectáreas fue construido entre 1966 y 1978 para riego y atenuación de crecidas.

Ontivero, Emilse Castro (vecina de Salsacate y estudiante de Gestión Ambiental en la Universidad Blas Pascal de Córdoba), Graciela Ballesteros, la bióloga Gloria Pérez y docentes de la Escuela General José de San Martín, de Salsacate, están llevando a cabo una campaña de concientización acerca de lo que implicaría la eventual instalación en la zona de una mina para la extracción de oro. Proponen un debate amplio y esperan una participación ciudadana masiva. “Nadie puede ser indiferente a esta cuestión”, planteó Emilse Castro. Con ese fin, mantienen reuniones con entidades sociales y convocaron para el 26 de diciembre a una asamblea pública en la plaza principal de Salsacate; esperan que asistan directivos de Teck Cominco para informar sobre el proyecto.

Con buenos ojos. “Me parece que una mina traería trabajo y otros beneficios al pueblo. A mí me pagan 70 pesos por día y un plan (Jefes de Hogar) es de 300 pesos por mes”, opinó Héctor Maldonado, uno de los jornaleros empleados por la minera canadiense e hijastro de Benito Arias, en cuyo campo se realizaron extracciones de muestras. “Hemos cavado muchos hoyos de un metro de profundidad y 40 centímetros de diámetro, más o menos, en una línea que los ingenieros nos marcaron; también cavamos cinco o seis trincheras”, comentó Maldonado.

El material extraído se embolsó y se trasladó a Mendoza para su análisis.

También ven con buenos ojos la exploración en el lugar los integrantes de la comunidad educativa del Ipem 170 José Gabriel Brochero, de Salsacate. Este colegio técnico tiene orientación en minería y la empresa Teck Cominco prometió 10 becas de trabajo para alumnos y empleo directo para técnicos mineros egresados de la institución.

“A mí me gustaría que se instale una mina acá en la zona para poder trabajar sin tener que irme lejos”, señaló Carlos, un alumno del Ipem 170 que no quiso dar su apellido.

El adolescente dijo que sus padres y varios compañeros de colegio se pusieron contentos cuando leyeron las declaraciones de Néstor Escalerandi (secretario de Minería de la provincia hasta hace una semana) publicadas en La Voz del Interior el 9 de diciembre, respecto a que en la zona de Cañada de Salas “hay potencialidad de que exista oro”. No obstante, en la misma entrevista, el ex funcionario aseguró que no hay autorización ni siquiera para un cateo en el área de Salsacate.

René Morales y su familia. El trabajador rural se opone a la explotación en el cerro que aparece atrás. Foto: LaVoz

A favor y en contra

Graciela Ballesteros (inspectora de la zona 7.310 del Ministerio de Educación). "El problema macro es la Ley de Minería que ha sido hecha pensando únicamente en los intereses de las empresas. Hay que modificarla urgente".

Héctor Maldonado (jornalero de Teck Cominco). "Una mina de oro va dar trabajo a la gente del pueblo, que tanto lo necesita. Nadie de los que están en contra vino a hablar conmigo, a explicarme por qué no quieren que se instale acá".

María Teresa Ontivero (maestra rural). "Acá lo que necesitamos solucionar, antes que nada, es el problema del agua, que cada vez es más grave porque se están secando los pozos. La mina de oro terminaría por darnos el golpe de gracia".

Emilse Castro (estudiante de Gestión Ambiental). "Quiero que me digan en qué lugar del país una mina de oro a cielo abierto benefició a la gente, impulsó el desarrollo sustentable de los pueblos y no dañó mortalmente al medio ambiente".

René Morales (trabajador rural, vecino de Cañada de Salas). "Una explotación minera a cielo abierto necesita mucha agua. Si la sacan del pozo de Alto de la Cruz se va secar todo, hasta el arroyo, y en el pueblo nos vamos a quedar sin agua".

"Le vamos a dar una mano grande al pueblo"

Patricio Gutiérrez, a cargo del proyecto de explotación de oro a cielo abierto de Teck Cominco en Alto de la Cruz, aseguró a este diario que esa iniciativa “está en pañales y no hay nada concreto todavía”.

Gutiérrez afirmó que la empresa (cuya sede en la Argentina funciona en la ciudad de Mendoza) requirió autorización a la Secretaría de Minería de la Provincia y presentó el informe de impacto ambiental a ese efecto. Pero “aún el organismo regulador de la actividad no ha resuelto nada. Por esa razón no podemos hacer ningún tipo de trabajo”, precisó. No obstante, admitió que se tomaron muestras, pero –dijo– “desde hace un tiempo está todo parado”.

El ingeniero minero expresó que la empresa canadiense para la que trabaja (líder mundial en la producción de zinc y carbón metalúrgico) “no tiene nada que ocultar y por esa razón quiere difundir ampliamente lo que proyecta hacer”.

Con ese propósito –indicó– mantuvo conversaciones con las autoridades del Ipem 170 José Gabriel Brochero, a quienes les prometió 10 pasantías para alumnos que se estén formando como técnicos mineros y empleo para quienes ya estén habilitados para trabajar.

“Le vamos a dar una mano grande al pueblo”, prometió Gutiérrez.

El directivo reconoció que la “actividad minera tiene muchos pros y contras y riesgos generales, pero hay que hacer todo lo posible para mantener un punto de equilibrio razonable y causar el menor daño ambiental posible”.

Se mostró confiado en “llegar a buen puerto” mediante el “diálogo franco” con todos los sectores involucrados, pese al “bombardeo constante de los fanáticos antimineros”.

RADIO ABIERTA EL 12 DEL 12

PEPERINA REBELDE REALIZO UNA RADIO ABIERTA EN SINTONIA CON LA MARCHA A PLAZA DE MAYO

CÓRDOBA: ACTIVIDADES MINERAS AMENAZAN PROVISIÓN DE AGUA EN BIALET MASSÉ

CÓRDOBA: ACTIVIDADES MINERAS AMENAZAN PROVISIÓN DE AGUA EN BIALET MASSÉ.- VECINOS SE MOVILIZAN PARA PROTEGER SUS VERTIENTES Y LOS RECURSOS NATURALES QUE SOSTIENEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.-

EL DR. RAÚL MONTENEGRO, PRESIDENTE DE FUNAM Y PREMIO NÓBEL ALTERNATIVO, SE REUNIÓ CON UN NUTRIDO GRUPO DE VECINOS PARA RESPONDER INQUIETUDES TÉCNICAS Y PROPORCIONARLES ELEMENTOS DE LUCHA.-

UNA MINA DE MICA HABRÍA COMENZADO SUS ACTIVIDADES VIOLANDO LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.- ESTA MINA ESTARÍA PROVOCANDO DESTROZOS AMBIENTALES IRREVERSIBLES, RIESGO DE DERRUMBES SOBRE BARRIOS CERCANOS, Y LA DESTRUCCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS SERRANAS.-

SE PEDIRÁ QUE BIALET MASSÉ, ONGAMIRA Y OTROS LUGARES SEAN "ZONAS DE EXCLUSIÓN MINERA".

Córdoba, Bialet Massé y Buenos Aires, 30 de noviembre de 2007.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización miembro de la RENACE, denunció que actividades mineras están amenazando la provisión de agua en la localidad serrana de Bialet Massé, en Córdoba. FUNAM hizo estas declaraciones al concluir la reunión organizada por los vecinos, y que se realizó este jueves por la noche en la sede del Concejo Deliberante local. Asistieron unos 50 vecinos, e incluso funcionarios municipales, entre ellos la Secretaria de Gobierno de Bialet Massé, Sonia Altamirano. Tras la bienvenida a los participantes el Ing. Rubén Reyna hizo un resumen de lo que estaba sucediendo, y cuáles habían sido las actuaciones vecinales.

Los vecinos invitaron al Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, para que los asesorara técnicamente y les proporcionara herramientas en su lucha contra las mineras, que amenazan la provisión local de agua.

El Dr. Raúl Montenegro sostuvo que si finalmente se autoriza la operación de la mina de mica San Plácido en las serranías próximas a Bialet Massé "seguramente se destruirán las vertientes Agua del Medio y Agua de las Higueras, fundamentales para la futura provisión de agua potable a los barrios Balcón del Lago I y II, Balcón Ampliación, Costas del Lago y Playas de Oro". Aunque no hay aforos precisos, la vertiente Agua de las Higueras podría proveer en épocas de bajante unos 4.000 litros por hora. Montenegro fustigó además a la Secretaría de Minería de la provincia porque "no parece entender que la minería afecta las cuencas hídricas y está en conflicto permanente con el turismo, que es la actividad económica más importante de Bialet Massé".

Esta localidad no solo asistió perpleja al inicio de actividades sin autorización de una mina de mica, sino que siguen operando en las cercanías por lo menos tres minas de feldespato, en jurisdicción de la Municipalidad de San Roque. Los vecinos coincidieron en señalar que las minas "son una amenaza para el valle de Punilla porque ya está afectado por la mina de uranio de Los Gigantes, cuyos pasivos ambientales no han sido remediados, por la intención de habilitar nuevas minas de uranio, y por la prospección minera en Ongamira".

Durante su diálogo con los vecinos el Dr. Raúl Montenegro, que es además profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que la actividad minera "fragmenta las matrices rocosas liberando numerosos minerales y sustancias químicas que la lluvia puede transportar hacia los arroyos y ríos, contaminándolos, y contaminan el aire con partículas sólidas". Agregó que la mina de mica "ya habría producido la destrucción irreversible de bosque nativo". Además "los ruidos molestos ocasionados por las numerosas explosiones que se realizan en las minas de feldespato afectaron la fauna nativa, y ahuyentan a los visitantes. Es inaceptable que junto a una localidad turística se utilicen explosivos". Montenegro agregó que la actividad minera "no solo rompe las nacientes de los cursos de agua sino que destruye paisajes esenciales para el mantenimiento de la actividad turística en Punilla. Debe quedar en claro que minería y turismo no son compatibles, menos en una provincia donde los controles del estado son pobres e ineficientes". Los vecinos indicaron que los derrubios de la mina de mica son otra amenaza importante, pues se deslizan peligrosamente, y pueden llegar hasta las viviendas y el río.

El Dr. Raúl Montenegro sugirió que se identifiquen "las posibles irregularidades cometidas hasta ahora por las empresas mineras e incluso por los organismos del gobierno provincial, entre ellas la Agencia Córdoba Ambiente", y que eventualmente se le pida a la justicia penal "que las investigue".

Los vecinos y FUNAM coincidieron en afirmar que las zonas turísticas y las cuencas hídricas "deberían ser zonas de exclusión minera, de este modo se evitarían los problemas que hoy enfrentan por ejemplo Bialet Massé y Ongamira".

Recientemente la Secretaría de Minería de la provincia anunció que promovería la creación de una empresa provincial para la explotación del uranio, actividad que según el director de ese organismo, Néstor Scalerandi, enfrentaba algunas dificultades porque las zonas explotables "se encuentran en la cabecera de los principales ríos de la provincia" y en reservas hídricas. El Dr. Raúl Montenegro indicó que la rápida reacción de FUNAM "hizo que este proyecto descabellado se archivara, al menos por ahora. Pero lo que sucede en Bialet Massé y Ongamira muestra que la Secretaría de Minería sigue sin entender que turismo y minería resultan incompatibles". Anticipó que si el gobierno de la provincia no reacciona a tiempo "las demostraciones públicas contra la minería y contra los funcionarios que la promuevan se multiplicarán, y hasta es posible que se inicien demandas civiles por los daños a la salud y al ambiente".

Para mayor información contactarse con:

Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo

Teléfonos 03543-422236 y teléfono celular 0351-155 125 637

Sonia Altamirano

Teléfono celular 03541-155 77 588

Dr. Raul A. Montenegro, Biologo
Presidente de FUNAM
Premio Nobel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia).
Profesor Titular de Biologia Evolutiva,
Universidad Nacional de Cordoba (Argentina)

FUNAM
Fundación para la defensa del ambiente
Environment Defense Foundation.
Casilla de Correo 83
Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina.

Tel: +54-351-4690282 (Funam)
Tel: +54-3543-422236 (home)
Fax: +54-3543-422236
Email: funam@funam.org.ar
Web: www.funam.org.ar

FUNAM es una ONG fundada en 1982.
Tiene status consultivo en ECOSOC y CSD (Naciones Unidas, Nueva York).
FUNAM es Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987).
Miembro de RENACE.

FUNAM is an NGO created in 1982.
FUNAM has consultative status at ECOSOC and CSD (United Nations, New York).
Global 500 Award from United Nations (1987).
Member of RENACE.

Aprobaron ordenanza contra la mega-mineria en Villa Giardino

27/11/2007 07:36 AM


Villa Giardino, Córdoba, Argentina - 26/11/07. El día 23-11-07 el Consejo Deliberante de Villa Giardino aprobó por unanimidad la Ordenanza en contra de la megaminería química. En esta provincia, también el concejo deliberante de la localidad de Villa de las Rosas sancionó una ordenanza similar que posteriormente vetó el ejecutivo municipal contra la voluntad de los vecinos. En todo el oeste y noroeste provincial las comunidades luchan oponiéndose a la minería a gran escala.
Ver también Villa de las Rosas dio marcha atrás en su limitación a la minería


Los Vecinos Autoconvocados de Villa Giardino, localidad ubicada en el Valle de Punilla (Córdoba) festejan hoy la obtención de la ordenanza municipal que prohibe la minería a cielo abierto en todo el éjido del municipio. Con este logro se suma a las diversas localidades, en donde gracias a la movilización popular, se ha logrado obtener la ordenanza inhibitoria para estos emprendimientos.
http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=927

QUE BIEN QUE FUNCIONA LA POLICIA EN CORDOBA !!!!!!!!

27/11/2007 08:37 AM

Detienen a dos jóvenes cordobeses por hacer pintadas antimineras

Córdoba, Córdoba - 27/11/07. En la madrugada de ayer detuvieron a una compañera de Peperina Rebelde, Debora Cerutti y a otro chico, por hacer pintadas con mensajes contra la minería en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Las pintadas decían "Barrick miseria irresponsable", "No a la mina" y otros.



La acusación de la policía es de "delito calificado" y se trata de criminalizar un medio de expresión que intenta poner en la vía pública, nuestras problemáticas sociales/ambientales Los chicos continúan detenidos, y nos informaron que posiblemente esten 72hs dentro del penal.

Mientras tanto, les solicito que reenvien esta info a las distintas asambleas para apoyar a nuestros compañeros y que enviemos alguna adhesion a la casilla de correo de Debora: debocerutti@hotmail.com

QUE BIEN QUE FUNCIONA LA JUSTICIA EN CORDOBA !!!!!

Martes, 27 de Noviembre de 2007

El sacerdote que puede ir preso por resistir un desalojo rural

Es el cura párroco de un pueblo cordobés. Un tribunal lo juzga por desalambrar una propiedad. Aquí explica por qué lo hizo.

Por Darío Aranda
desde Serrezuela, Córdoba

Carlos Julio Sánchez está enjuiciado junto a diez campesinos.

Turismo, monocultivo de soja, ríos caudalosos y sierras arboladas son postales recurrentes de Córdoba. Nada de eso existe en Serrezuela, al norte provincial, pleno desierto cordobés, con una sensación térmica que supera los 40 grados, humedad asfixiante, sequías –la última lluvia cayó hace ocho meses– y pobreza como regla. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) tiene presencia en la zona, con centenares de familias organizadas que resisten desalojos empresarios, exigen justa distribución del agua y luchan por mantener su forma de vida ancestral. Uno de sus más estrechos colaboradores es el párroco local, Carlos Julio Sánchez, de 41 años, formado con la Teología de la Liberación, libros de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Junto a la organización, resistió el avance de un empresario sobre tierras familiares, fue denunciado –junto a diez campesinos– y ahora afronta un juicio por “daño calificado agravado por delito en banda”, con una pena de hasta cuatro años de cárcel. En el patio de la parroquia, debajo de un árbol centenario y a la espera de la sentencia, parece tranquilo, serio, habla pausado, viste una remera con la leyenda “Ni un metro más. La tierra es nuestra” y comparte un mate recién preparado.

“Para un campesino, la justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización ha crecido la concientización, y las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida”, explica el cura.

Y cuenta cómo fueron los hechos por los cuales ahora está imputado. “El 5 de febrero de 2005 había reunión de delegados, hacía un calor asfixiante, más de 40 grados, viento caliente. Había pasado más de un mes del alambrado en las aguadas y los animales no podían tomar agua. Los Loyola estaban desesperados, plantearon el caso en la reunión y pidieron ayuda para sacar el alambrado y abrir paso a los animales. Y así se hizo”, resume el cura Sánchez, que visita las comunidades a diario y aporta sus dibujos en cartillas, periódicos y afiches del MCC. “Pero el empresario hizo la denuncia en la policía, la elevaron a Fiscalía e imputaron, con rapidez meteórica, a diez miembros del MCC y a mí”, explica y mueve la cabeza, en gesto de desaprobación.

Las familias campesinas suelen padecer presiones de empresarios para abandonar sus parcelas. Radican denuncias, pero escasas veces las causas prosperan. El MCC, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, detalla que sólo en el norte de Córdoba afrontan un centenar de conflictos, con cerca de 100.000 hectáreas en disputa. “Ha habido algunas intervenciones de la Justicia, muy pocas, donde ha sido favorable a las familias ancestrales, por lo cual quiero pensar que la Justicia funciona, pero hay muchos eslabones de esa cadena que bloquean todos los derechos de los más pobres. Es una situación similar al poder político, al que no le cae nada simpático tener que dialogar con interlocutores tan incómodos como el MCC, porque los políticos están acostumbrados a sentarse con otros, como los empresarios sojeros o ganaderos que, justamente, son quienes pretenden las tierras campesinas”, explica el párroco.

Durante las audiencias del juicio, realizado la última semana, el Movimiento Campesino de Córdoba reivindicó el corte de alambres como “ejercicio legítimo del derecho a la tierra de las familias” y remarcó que desalambrar “no constituye delito en el marco que fue realizado”.

El mate caliente acentúa el calor, pero el cebador no se detiene. Es sábado a la tarde y una melodía de cuarteto comienza a hacerse escuchar desde una casa vecina. El cura sigue el ritmo con el pie y parece esperar la pregunta maldita:

–¿Qué sucede si la Justicia los condena?

Detiene el movimiento rítmico de su pie, deja el mate en el piso y busca entre sus dibujos un escrito. Extiende su brazo y comparte el papel. Es un comunicado del MCC, que en su parte superior resalta en color: “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político”. Mira fijo a los ojos y nombra a los otros diez imputados, siete hombre y tres mujeres. “Estamos acusados por defender la vida campesina. Para algunos eso pareciera ser un delito”, denuncia y se produce un silencio incómodo, de esos que preceden una mala noticia. Pero el cura retoma la palabra, vuelve a reivindicar la organización de las familias y, por primera vez en la tarde, sonríe: “Ya no es una vergüenza llamarse campesino, es un orgullo que se grita y se canta, se pone en afiches y banderas. Ese es nuestro triunfo”.

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OLIVARES: UN PUEBLO QUE SALE A REMATE

UN JUEZ MANDO SUBASTAR UN PARAJE ENTERO DE CORDOBA

Olivares tiene unos 800 habitantes. Una empresa reclama deudas hipotecarias sobre los terrenos en que está asentado. Un juez fijó fecha para el remate, con comisaría y escuela incluidos.

El pueblo de Olivares viene con problemas desde hace una década, por las malas cosechas.

A principios del siglo XX era simplemente un paraje más de localidad de Ischilín, a 90 kilómetros de Córdoba capital, pero ya tenía esa impronta virginal que lo convertía en un campo ideal para el cultivo. En la Década Infame llegó la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás SA, que montó allí “la más extensa plantación orgánica del mundo”: 100 mil olivos en 1200 hectáreas. Hace 60 años, la firma construyó viviendas para sus trabajadores. También se levantaron una capilla, una escuela que fue cedida a la provincia de Córdoba, llegó la comisaría, el juzgado de Paz y la sala de atención sanitaria. Todo era esplendor para el creciente pueblito rural. Pero hace 10 años, algunas malas cosechas provocaron que la firma hipotecara el predio para cobrar un préstamo del Banco Francés. Nunca se saldó y la deuda actual es de un millón de dólares. Un juez civil porteño decidió que las tierras se remataran. Así, Olivares pasó del auge de la agricultura orgánica a estar al borde de la subasta total del pueblo.

La empresa intentó acordar con la entidad financiera el pago de la deuda con el producto de la próxima cosecha, en marzo de 2008. Serían 800 mil dólares para el banco y 200 mil para pagar las costas del litigio. También los trabajadores se presentaron ofreciendo hacerse cargo del pago del proporcional a las 20 hectáreas –de las 1200 del predio– que habitan. Pero ambas propuestas se encontraron con sendas negativas. Un problema jurídico frena el reclamo de los pueblerinos: los terrenos nunca se parcelaron ni escrituraron a su nombre. Por el lado de la empresa, su presidente, Jorge Pierrestegui, aseguró que un abogado y un martillero insisten en rematar, porque “quieren los honorarios lo antes posible”.

En el marco de esas discusiones, el juez civil porteño Carlos Molina Portela dispuso ayer que el terreno será subastado el 18 de diciembre. En lo que no se expidió fue en lo referente a las dependencias públicas radicadas allí: un juzgado de Paz, una comisaría, una escuela y un centro sanitario. No está claro aún el futuro de esas instituciones ni tampoco el de las 120 casas en las que viven al menos 800 personas. Otro foco de resistencia son los comercios de la zona, que trabajan únicamente con empleados de la empresa y sus familias. Y la capilla.

El intendente saliente de San Nicolás, el radical Manuel Díaz, presentó una medida cautelar que solicita la revisión de la subasta. Frente a la revocatoria de Molina Portela, los abogados de los pueblerinos apelaron la medida, argumentando la violación de derechos humanos y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer sobre bienes estatales. Además, los demandantes invocaron “derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario” –ya que la deuda se contrajo hace una década y hay quienes habitan el paraje desde hace seis– que deben respetarse en virtud de lo dispuesto en convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por su parte, el intendente electo, el también radical Antonio Heredia, aseguró que existe “incertidumbre” y “preocupación” entre los lugareños por la decisión de Molina Portela. Ya había habido un intento de remate el 30 de mayo último, pero el Ministerio de Justicia cordobés intervino y la subasta, si bien no se canceló, se pospuso.

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CORDOBA JUDICIALIZA RECLAMOS CAMPESINOS

Juicio oral a diez campesinos y un cura por un reclamo de tierras

Once trabajadores rurales, entre ellos un sacerdote vinculado con los derechos humanos, podrían ser condenados a cuatro años de prisión por cortar alambres de tierras que reclaman como propias.

Por Darío Aranda

Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba se movilizaron para apoyar a los acusados.

Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Nos invaden los campos, nos reprimen y ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se vive en el campo argentino”, denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006, anunciaba que en el sector rural de la provincia “se produce una sistemática violación de los derechos humanos”. Entre los procesados figura un cura párroco defensor de los derechos humanos.

“Ni un metro más. La tierra es nuestra”, afirmaban las remeras de los once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro. Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno, recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría ser el próximo viernes o el 30 de este mes.

Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.

En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel Francisco Andreu.

Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba”, remarcaron desde el MCC.

Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoce la Bolsa de Cereales.

Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100.000 hectáreas en disputa. “Se produce una sistemática violación de los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”, denunció el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o del “uso irregular de la fuerza pública” y advirtió que “es el accionar de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar”.

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A 12 años de las explosiones, Río Tercero no se rinde

Por Riotercerenses - Monday, Nov. 05, 2007 at 8:45 AM

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A 12 años de las explosiones, Río Tercero no se rinde.


Ayer sábado 3 de noviembre, doce años después de las explosiones de 1995, volvieron a marchar por Río Tercero quienes aún luchan por la justicia. “Río Tercero no se rinde” decía el cartel que encabezaba a las más de mil personas que se movilizaron por las calles de la ciudad exigiendo no tanto el esclarecimiento de lo que pasó (eso, vamos a decirlo, siempre estuvo más o menos claro), sino el cese de la impunidad para los responsables.
La marcha partió de Fray Justo y Santa María de Oro esquina Libertad, y llegó a plaza San Martín, donde se realizó un acto con obra teatral, canción y lectura de los nombres de los imputados y sus fechas de indagatoria.


El estado de la causa, o el Estado y la causa

Ayer, de la misma manera que prescribe un arrebato en la calle, prescribió una masacre: la explosión de la fábrica militar planificada desde las más altas esferas del Estado para borrar pruebas sobre la venta clandestina de armas a Croacia y Ecuador. Esto significa que quien no haya sido imputado hasta ayer por esta justicia que solo concibe reconocer autores individuales (y no las estructuras que posibilitan el asesinato, ya que probablemente significaría imputarse a sí misma) ya no podrá serlo nunca más (esto es casi cierto, la única manera es que haya alguna voluntad con poder como para declarar la imprescriptibilidad de los atentados).

Sin embargo, en los últimos días el juez Valentinuzzi imputó a quince personas, entre militares y, por decirlo de alguna manera, civiles (en verdad, algunos de ellos son los imputados que el conjuez Estévez había sobreseido, acción que quedó sin efecto) Entre los imputados se encuentran el ex presidente Carlos Saúl Menem y quien era en su momento el jefe del ejército, Martín Antonio Balza. Carlos Saúl tiene fijada fecha para la indagatoria el 17 de diciembre en los tribunales federales de Río Cuarto, a las 9 de la mañana.


Río Tercero no se rinde. La justicia no se consigue sin movilización; sin pueblo en la calle la única ley que existe es la del Estado y sus propietarios. La impunidad no se sostiene sola, ni con la única ayuda de las instituciones. La impunidad se sostiene también en el silencio, la resignación, la ceguera. En Río Tercero hay gente que lo sabe, y marchó ayer como cada 3 de noviembre, indignada, furiosa, decidida. Marchó como tantas veces en este país contra la impunidad de decir que fue un accidente, negligencia, una tragedia, como si hubiese sido un choque en la ruta.
No fue un accidente, fue un atentado. El único accidente histórico que tenemos es el Estado. El Estado que, como muchas veces antes, como muchas veces después, mató a sus ciudadanos.
En el futuro quizá no sean solo marchas. Tampoco será un accidente ni un acto de negligencia.

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http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/561634.php

Ambiente pidió clausurar una mina de fluorita en Rio de los Sauces

http://www.lmcordoba.com.ar/2007/10/24/nota150679.html
La Agencia solicitó la medida a la Secretaría de Minería. El establecimiento viene trabajando desde hace años. Para los técnicos la explotación a cielo abierto sería contaminante.

RIO DE LOS SAUCES - La Agencia Córdoba Ambiente solicitó a la Secretaría de Minería de la Provincia la clausura preventiva de un establecimiento que se dedica a la explotación de fluorita en Cerros Negros, un paraje situado a 45 kilómetros al oeste de la localidad de Río de los Sauces.

El pedido, formulado por la dependencia que coordina Horaldo Senn, tuvo como fundamento una serie de irregularidades que fueron detectadas en la mina en cuestión después de varias inspecciones realizadas en los últimos días.

Ahora la Agencia deberá esperar la decisión de la Secretaría de Minería, que es el único organismo con la competencia y autoridad necesaria para clausurar este tipo de explotaciones. Para fundamentar la solicitud, Córdoba Ambiente envió una serie de informes de especialistas en la materia, donde se sugiere la existencia de contaminación de parte de esta mina.

La semana pasada, funcionarios del área de Auditorias Ambientales realizaron una inspección en el predio minero, luego de recibir numerosos llamados telefónicos y cartas de queja de parte de vecinos del pueblo aledaño.

En los mismos se sostenía que la explotación del establecimiento “era un desastre” y que “los piletones donde se recolectan los efluentes producto del trabajo diario, expulsan los líquidos derivados al Río Guacha Corral, principal atractivo turístico de la región y un importante afluente de la cuenca hídrica que abastece de agua a numerosas poblaciones de Calamuchita”.

Ante estas declaraciones, la dependencia provincial puso en marcha un operativo que incluyó a la Policía Ambiental, al destacamento de Residuos Peligrosos y a la ya mencionada Auditoria Ambiental.

“Desde la Agencia recomendamos el cierre del establecimiento minero luego de corroborar que contamina el aire, al estar a cielo abierto y el agua que sirve para el abastecimiento de muchos vecinos”, explicó Horaldo Zenn, presidente de Córdoba Ambiente.

El material que se extrae del predio -la fluorita - es utilizado para revestimientos de electrodos y loza de sanitarios, que no sólo provee al mercado local si no también el externo.

“Actualmente la mina emplea a más de 15 obreros que viven en zonas contiguas al establecimiento y que son muy humildes. Por ello hay que tener consideración con estos empleados que sólo hacen su trabajo por pocas monedas”, señaló Naldo Zabala, secretario de Gobierno de Río de los Sauces. En 2005, las denuncias de vecinos de zonas aledañas obligaron a los dueños de la mina a cambiar el sistema de trabajo. “La mina tiene más de 20 años y los túneles estaban en muy malas condiciones. Por ello, los habitantes de las localidades cercanas y familiares de los obreros presionaron y hoy la explotación se realiza a cielo abierto”, agregó Zabala.

Ese cambio es justamente el causante de la contaminación de aire, ya que los piletones que expulsan sus desechos al río siempre estuvieron en la superficie del establecimiento.

ONGAMIRA: REFLEXIONES Y MARCHAS

UNA REFLEXION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
http://www.lmcordoba.com.ar/2007/09/23/nota148005.html
La venganza del paisaje
El avance de la explotación minera amenaza con contaminar una reserva natural de especial significado como es el Parque Natural de Ongamira y sus famosas grutas. ¿Podrá la naturaleza defenderse sola?.

Reyna Carranza
Especial para LA MAÑANA

Parte de esta historia comenzó en Ongamira, hace muchos años, cuando un turista, cámara de fotos en bandolera, saltó el alambrado y se internó por el campo en busca del mejor ángulo, y así, en una toma heroica, atrapar para siempre la maravilla de ese paisaje.

Hasta aquí, se trataba de una escena a la que los lugareños ya estaban harto acostumbrados: turistas brincando por las piedras con sus cámaras, o con tarritos de pintura para eternizar sus nombres en cuanta superficie apta les iba saliendo al paso. Pero he aquí que en aquella ocasión la escena repetida desembocó en un episodio lamentable cuando, de pronto, por el sendero que lleva a la aguada, el turista se topó con el toro.

Sí, ocurrió en Ongamira, y fue Deodoro Roca el abogado que asumió la defensa del dueño del toro, porque el citado turista lo demandó por daños y lesiones graves, solicitándole treinta mil pesos como indemnización.

Tengo aquí, en mi mesa, la copia de la respuesta de Deodoro a esa demanda, respuesta que como la mayoría de sus alegatos dejaba la impronta incuestionable sobre su conocimiento del Derecho, pero en esta ocasión pone de manifiesto un ingenio más que agudo para basar su defensa en un perfil tan propio como inusitado. Argumento al que hoy me atrevería a calificar como “alegato ecológico”.

En un párrafo y resumiendo, Deodoro dice: “Conozco Ongamira. Veraneo en el lugar, precisamente en frente del terreno donde ocurrió el accidente. Terreno barrancoso, apartado del camino, en cuyo fondo va un arroyuelo al que bajan o son llevados a tomar agua los animales de los vecinos. Por ese barranco transitan solamente las bestias, y los turistas imprudentes, a los que yo acostumbro llamar “turistas Kodak”. Viajan, invariablemente, con una máquina de fotos y algunos con un tarro de pintura. Pareciera que viajan para eso: para disparar con el dispositivo sobre los indefensos paisajes, o para ultrajarlos con iniciales entrelazadas, bajo el apetito de una especie de inmortalidad doméstica. Son los mismos que atraviesan los caminos a velocidades fantásticas, no autorizadas ni por los caminos ni por su experiencia. Esta clase de turistas asolan las sierras. Se distinguen por su sentido raudo y pueril del turismo. Seguramente, el Sr. Augsburger pertenece a esta categoría, ya que su actitud frente a los “terrones” de Ongamira así lo denuncia”.

Los hechos ocurrieron de este modo: El señor Augsburger -el turista en cuestión-, se introdujo en terreno privado sin permiso de los dueños, buscando paisajes para fotografiar, y cuando apareció el toro, que venía arreado por un peón, hizo un brusco ademán para espantarlo. El toro se asustó y lo embistió, mandándolo exactamente al medio del arroyo, entre las piedras, sufriendo las lesiones que se mencionan en la demanda.

En ese punto Deodoro Roca(*) dice: “Un toro no es como un paisaje. A un paisaje se lo puede ametrallar y hasta ofender con una maquinita pueril y no dice nada, no se aparta ni embiste. Un toro es cosa distinta, no interpreta, como una persona, la intención del ademán. Se trató, en la ocasión, de un toro manso que va para viejo, tenido en “las casas” entre mujeres y niños... ¿De quién es la culpa? -prosigue-, ¿de quién la imprudencia? ¡Exclusivamente del turista!... El accidente ha sido como una venganza del paisaje áspero y sellado de Ongamira por los diarios ultrajes del turismo, y el toro no fue más que el paisaje en acción... Lo cierto es que quien provocó el accidente fue la propia víctima, ocurriendo en ese momento lo que no había ocurrido nunca”.

El escrito se extiende en un par de argumentos que remiten a sólo dos artículos del Código Civil, sobre los que apoya su defensa de manera estricta y cabal. Texto exclusivamente jurídico, por lo que no viene al caso citarlo.
Deodoro ganó el juicio. Y tal como él lo solicitaba en su respuesta a la demanda, el Sr. Augsburger tuvo que hacerse cargo de las costas.


Algo más que un paisaje

Ongamira es para mí Deodoro Roca. Es el recuerdo de una época que se entrelaza a la existencia de seres que marcaron mi vida con su ejemplo luminoso; épocas de juventud en las que llegué a creer que todos los sueños eran posibles; sueños que inevitablemente me remitían a Deodoro, tanto o más vivo en la voz de su hijo Gustavo, que cuando recorría esas sierras con su caballete y sus pinceles, o llenaba con su risa, y la de sus amigos, la galería de la casa. Por todo esto, no dudo que fue su espíritu el que se plantó delante de mí esa mañana del martes 28 del pasado agosto, cuando me sumé a los que, en una esquina de la avenida Hipólito Irigoyen, reclamaban protección para la tierra, el agua, y el paisaje de nuestro noroeste.

Sí, fue su espíritu el que me llevó a asociar el presente con el pasado, con el “turista Kodak” y aquel toro que devino paisaje en movimiento.
Mezclada a los manifestantes bajo la consigna “¡Ongamira Despierta!”, estuve allí esa mañana soleada y ventosa, frente a la Secretaría de Minería de la Provincia. “¡Ongamira Despierta!”.

Esa fue la consigna tras la que se encolumnaron vecinos de ese valle, de Quebrada de Luna, Ischilín, Cañada de Río Pinto y zonas aledañas, para reclamar pasiva, pero rotundamente, la urgente intervención de ese organismo oficial ante la amenaza reiterada de explotación minera-metalífera a cielo abierto que, desde hace ya varios años, vienen soportando los pueblos del noroeste cordobés.

Desde sus lugares de origen, los autoconvocados llegaron blandiendo pancartas, y al ritmo de una murga bullanguera y contagiosa, pusieron en conocimiento a los ciudadanos de Capital lo que allí está pasando.

Hechos que, de prosperar, seguramente perjudicarán a toda la provincia. Y como en otros casos de atropellos parecidos, mi primer impulso fue salir a la carrera en defensa de la tierra, del agua, de los bosques contaminados, de las especies en extinción. Y, de alguna manera, sentí que volvía a treparme al gomón de los “Greenpeace” (lo hago cada vez que los veo en pantalla), y empecé a cabalgar las olas, y a pelear junto a ellos contra el buque-factoría que caza y desguaza ballenas.
Por cierto, no se trata de un buque-factoría, sino de una empresa minera-metalífera en nuestro norte.

Y leí el folleto que los manifestantes -a media calzada-, entregaban a peatones y conductores.

Leí lo que ya todos sabemos, lo que inevitablemente va a ocurrir si no detenemos a tiempo el avance de esas empresas. Porque está claro que, en su sistema de explotación minera-metalífera se abren cráteres gigantescos mediante el uso de explosivos, cuyas dimensiones pueden alcanzar 150 hectáreas de extensión y cientos de metros de profundidad.

El proyecto en la zona abarca unas 20.000 hectáreas, desde Chuña a Sarmiento, pasando por departamento Minas, Cruz del Eje, y desde Deán Funes hasta Ischilín. Nadie ignora que para obtener una pepita de oro del tamaño de un grano de arroz, se extrae y muele aproximadamente una tonelada de roca, que es tratada con grandes volúmenes de agua y sustancias tóxicas, habitualmente cianuro, lo que genera enormes cantidades de desechos, por lo que se alteran cursos de agua, mientras se agotan arroyos y vertientes.

Se sabe también que los drenajes ácidos generados suman sus efectos a los del cianuro, disolviendo y transportando metales pesados como arsénico, cromo, mercurio, plomo y cadmio, cuyas secuelas, altamente tóxicas, continuarán contaminando las aguas superficiales y subterráneas por siglos; sin contar la eliminación total de la vegetación, la erosión, la desertización y el empobrecimiento del suelo; sumado esto a la extinción de la fauna, atacada por los venenos y alterada por el ruido de las explosiones; a lo que hay que agregar los polvos tóxicos en suspensión, vapores y emanaciones gaseosas de cianuro y dióxido de azufre que contaminan el aire.

Como se advierte, el panorama es apocalíptico, porque todo esto, inevitablemente, genera la destrucción del ambiente, del valor paisajístico y del patrimonio cultural de esas regiones cordobesas. Sobran ejemplos en nuestro país y en muchos otros de América latina. Basta citar la larga e infructuosa lucha que llevamos en el vapuleado asunto de las pasteras sobre la costa del río Uruguay, y lo que ya padecen los habitantes de Catamarca, San Juan, Chubut, La Rioja, Tucumán y Santa Cruz. Sin olvidar que, debido a la tala indiscriminada, Argentina ya ha entrado en emergencia forestal.

Y lo repito, no fue solamente por todo esto que me hice presente en esa esquina, esa mañana del 28 de agosto. Fue también porque cuando me enteré que el grito de la consigna era “¡Ongamira Despierta!”, algo se agitó en mi memoria y me acordé de Deodoro, del “turista Kodak”, y de aquel toro que se sintió paisaje agredido y embistió. Pero ahora, quién puede negarlo, la “ofensa” a la tierra y al paisaje en el noroeste de nuestra provincia será mucho más grande, y ya no tendremos retorno.


(*) Deodoro Roca, 1890-1942, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, autor, entre otros, del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918.

Marcha contra minas abiertas

http://www2.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=127586&high=ongamira

Ayer, los vecinos autoconvocados Ongamira Despierta marcharon nuevamente hacia la Secretaría de Minería para manifestarse contra la radicación de explotaciones mineras a cielo abierto en la zona de Ongamira ubicada a unos 120 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Hubo vecinos que llegaron desde la zona a los que se sumaron personas de la ciudad de Córdoba para apoyar la manifestación.

“Tenemos las tristes experiencias ya hoy en el país, sea Lumbrera, Veladero, cerro Vanguardia, funcionando, gravísimas consecuencias ambientales que van desde la contaminación de los recursos naturales”, dijo a Radio Universidad Marina Martínez Meijide, vocera del grupo.

Los manifestantes no fueron recibidos por las autoridades provinciales

Inspección en una mina. La Agencia Córdoba Ambiente informa, la Policía Ambiental y el área de Auditorías Ambientales, inspeccionó un establecimiento minero dedicado a la explotación de fluorita en Cerros Negros, ubicado a 45 kilómetros al oeste de la localidad de Río de los Sauces, en el departamento Calamuchita. Allí se constataron irregularidades que afectan al medio ambiente.

Los manifestantes protestaron frente a la Secretaría de Minería. Foto: LaVoz / Raimundo Viñuelas

CUIDADO CORDOBA !!!!!

Buscarían petróleo en cuatro de las diez reservas naturales de la provincia de Córdoba
11-09-07,

Cuatro de las 10 áreas protegidas naturales de la provincia de Córdoba podrían quedar sujetas a actividades de exploración petrolera, en función del llamado a licitación concretado este año por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Para el Foro Ambiental, lo razonable hubiera sido que en el momento de delinear el mapa de exploración, se hubiera excluido a estos ecosistemas estratégicos.

Cuatro de las 10 áreas protegidas naturales de la provincia de Córdoba podrían quedar sujetas a actividades de exploración petrolera, en función del llamado a licitación concretado este año por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

La información surge de datos recabados por el Foro Ambiental de Córdoba a partir de las áreas licitadas para las que se concretaron ofertas, y de la localización de las áreas naturales protegidas, declaradas como tales por normas provinciales, y recogidas en ese carácter en por la Agencia Córdoba Ambiente en su página web.

Las áreas protegidas que –en su totalidad o en parte– quedarían dentro de las zonas de exploración serían la reserva Salinas Grandes; el corredor biogeográfico Chaco Árido (ambos ubicados en el noroeste provincial); una franja de la reserva de uso múltiple Mar Chiquita (en el noreste); un sector del corredor biogeográfico El Caldén, en el sur provincial. Y también estarían incluidas otras dos áreas naturales, en concreto, la reserva natural Laguna Las Tunitas, y la reserva natural Parque Tau, creadas por ley.

Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada en Epec, a pesar de los insistentes llamados de este diario al vocero de la empresa, Adrián Calvo.

Epec se limitó a informar, en forma verbal, que de las 16 zonas previstas para explorar la presencia de hidrocarburos en la provincia, hubo ofertas para ocho de ellas por parte de dos empresas.

Las áreas para las que hubo oferentes son Bulnes, Lucio V, Mansilla, Bell Ville y San Francisco; y General Levalle, Villa Dolores, Corral de Bustos y Mataldi. De acuerdo con las coordenadas para cada zona que figuran en el pliego de licitación elaborado por la Epec, Lucio V. Mansilla abarca la reserva Salinas Grandes y el corredor Chaco Árido; Villa Dolores el corredor Chaco Árido; San Francisco un área de Mar Chiquita; Mataldi un sector del corredor El Caldén. Además, el área Bell Ville comprende a la reserva Parque Tau, y Corral de Bustos rozaría un sector de la reserva La Tunita.

La posible superposición entre algunas áreas protegidas y zonas de exploración de hidrocarburos fue advertida en un informe de Telenoche 12, que especificó que la oferta económica fue de 63,5 millones de dólares y que las dos empresas que presentaron ofertas son nacionales y pertenecientes al mismo grupo económico, Ketsal e Integra Investment, que estarían vinculadas a Daniel Vila y José Luis Manzano.

Más dudas que certezas. “Hoy es imposible saber cuántos kilómetros cuadrados de reservas y de áreas protegidas se podrían ver afectados por la exploración para ver si hay petróleo, porque ningún organismo oficial ha dado esa información”, advirtió el biólogo Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental.

“En el Foro vemos con mucha preocupación que este tipo de búsqueda y la eventual explotación de hidrocarburos se haga en esas áreas, por el impacto que puede tener en los ecosistemas”, señaló el biólogo.

Las consecuencias sobre la fauna, en particular en las aves, y también en el agua, por la importante presencia de humedales (que tienen al agua como elemento estructural de esos ecosistemas) en esas zonas, es lo que más preocupa a los ambientalistas. “Si el agua se contamina, el ecosistema cambia abruptamente”, explicó Kopta.

Para el biólogo, lo razonable hubiera sido que, en el momento en que Epec delineó los mapas con las áreas para buscar petróleo, se hubieran excluido las áreas naturales protegidas.

“Aunque existe distinto tipo de protección según cómo se catalogue al área, y está previsto que en algunas de ellas pueda haber algún tipo de actividad productiva, teniendo en cuenta que la licitación incluyó las dos terceras partes de la provincia, las áreas naturales deberían haber quedado excluidas”, argumentó Kopta.

Y es que, originalmente, la licitación –cuya convocatoria se abrió el 23 de febrero pasado– preveía 16 zonas para buscar petróleo, que afectaban a la mitad de las 10 áreas naturales protegidas a nivel provincial, y a tres de las cuatro creadas por el Poder Legislativo, además de otras tres áreas naturales privadas.

Marcela Fernández

Información pública

Desde abril pasado, el Foro Ambiental de Córdoba viene solicitando formalmente información oficial sobre qué áreas de exploración de hidrocarburos coinciden con áreas naturales protegidas, sin que hasta el momento la demanda haya obtenido una respuesta.

En concreto, el 26 de abril de este año el biólogo Federico Kopta, integrante del organización ambientalista, presentó un pedido de información pública fundado en la ley provincial 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, dirigido al presidente de Epec, Simón Dasensich. La solicitud fue respondida el 6 de junio pasado señalando que toda la información referida a la licitación de hidrocarburos debía dirigirse a la Secretaría de Minería de la Provincia.

Al día siguiente, el 7 de junio pasado, Kopta reiteró el pedido de información pública, esta vez dirigido a la Secretaría de Minería de la Provincia, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta, a pesar de que la ley prevé un plazo de 10 días hábiles, con una prórroga similar.

Por esa razón, el 15 de agosto pasado, Kopta envió una nota a la defensora del Pueblo de la Provincia, Jessica Valentini, solicitando que gestione la respuesta a los pedidos de información, dado que están vencidos los plazos previstos por la ley 8.803.

Mar Chiquita, la “niña bonita”

La reserva Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita, la más grande e importante de Córdoba, es la que está mejor protegida de todas las áreas naturales provinciales.

En eso mucho tiene que ver el hecho de que en 2002 fuera designada como sitio Ramsar por las Naciones Unidas y reconocida como uno de los humedales salinos más extensos e interesantes de Sudamérica.

Uno de los requisitos de toda área protegida, y más específicamente de un sitio Ramsar, es el desarrollo de un plan de manejo que permita el uso sustentable y la conservación de su biodiversidad y de sus ambientes naturales. Y en el diseño de ese modelo de gestión asumieron compromisos la Nación y la Provincia.

Enrique Bucher, director del Centro de Zoología Aplicada de la UNC y coordinador del trabajo de 33 autores que dio origen al libro Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita (editado el año pasado por la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba) asegura que "en la actualidad no hay amenazadas urgentes ni riesgos importantes de degradación" del sistema de Ansenuza. Y si bien considera que "quizá el número de guardaparques no es el ideal", el área cuanta con personal capacitado y un destacamento bien equipado.

No obstante, advierte que, hacia el futuro, la situación es diferente y señala amenazas concretas. Una, si la laguna seguirá contando con el agua que necesita para mantenerse como tal, considerando que se trata de una cuenca cerrada.

El biólogo abre interrogantes en las "altísimas cuotas de agua para Santiago del Estero y Tucumán" que contempla el tratado vigente sobre la cuenca del Salí-Dulce (que también incluye a Córdoba), el principal tributario de Mar Chiquita.

Bucher aclaró que esas cuotas no están efectivizadas totalmente en la actualidad pero Santiago del Estero tiene proyectadas importantes obras de irrigación y la extracción de agua de ese recurso que está haciendo Tucumán es cada vez mayor debido al sensible aumento del consumo industrial y residencial.

"El libro contiene un modelo hidrológico realizado por hidrólogos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC. Se trata de una primera aproximación acerca de cuánta agua se necesita para mantener distintos niveles de la laguna", señala Bucher.

Para este científico se trata de una herramienta para que las provincias comprendidas en esta cuenca negocien un nuevo tratado, que establezca el volumen que tendría que proveer el Río Dulce debajo del embalse de Río Hondo para asegurar el funcionamiento de la laguna, el uso sustentable y la conservación de su biodiversidad y ambientes naturales.

Ni tan desprotegidas ni tan descuidadas

Las áreas naturales cordobesas, en términos generales, no están tan protegidas como los partidarios del desarrollo sustentable quisieran ni tan descuidadas como algunos defensores a ultranza del ambiente denuncian periódicamente.

La gestación del actual sistema provincial de áreas de conservación, cuyo propósito es tener representados todos los ambientes naturales de Córdoba, comenzó con cierto vigor a comienzos de la década del ‘60 cuando algunos infatigables luchadores de la causa ecológica, como Ricardo Lutti (emblema académico y de la investigación en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC, cuya biblioteca lleva el nombre de quien fuera profesor emérito de esa casa de estudios) enarbolaron la bandera de la conservación de nichos ambientales o ecosistemas característicos.

En aquel tiempo, la legislación en materia de preservación de los recursos naturales era mínima e inespecífica y había que rascar la cáscara normativa para encontrar alguna referencia clara en la materia. Como en el caso de la ley de caza 4.046, de 1958, que contemplaba de manera explícita algunos principios que sirvieron luego para la creación, en 1964, del refugio de animales autóctonos Quebrada del Condorito, hoy parque nacional. También, para la declaración de reserva de la laguna Mar Chiquita y como parque arqueológico y natural de Cerro Colorado.

Hubo que esperar dos décadas para la promulgación de la ley 6.964 de áreas naturales de Córdoba. De ese modo, Córdoba se transformó en la provincia pionera en contar con una legislación específica.

No obstante y pese a la existencia de instrumentos legales y a la vocación y compromiso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con la preservación de áreas naturales representativas, los niveles de protección de los actuales sitios comprendidos en ese rango presentan déficits evidentes.

Botón de muestra. En la reserva hídrica natural Parque La Quebrada, en Río Ceballos, desde su creación, hace exactamente 20 años, "prácticamente nunca se hizo cumplir el reglamento de funcionamiento", asegura Pablo de Maio, presidente de la Asociación Ecosistemas Argentinos y habitante de esa área protegida. Con matices, la situación es similar en las restantes siete áreas protegidas y en los dos corredores biogeográficos de la provincia (el del Caldén y el del Chaco Árido).

El biólogo señala como ejemplo que en Colanchanga, la zona más urbanizada de la reserva (a la vera del camino de El Cuadrado) nadie respeta ni hace respetar el factor de ocupación. Esa relación es del 0,03 por ciento de las 4.200 hectáreas protegidas. "No hay ningún monitoreo ni control sobre el factor de ocupación. Tampoco lo hay del tipo de construcciones, de la disposición final de los residuos sólidos ni de los desagües", señala. Maio también lamenta que hasta ahora no se haya diseñado un modelo de gestión ordenada del uso del suelo con fines ganaderos. "Eso es muy lamentable porque hay que tener en cuenta que se trata de una reserva hídrica y que el 80 por ciento del área es de pastizales", aclara.

Cabe destacar que el embalse La Quebrada abastece de agua potable a los pobladores de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza y, excepcionalmente, a otras localidades del departamento Colón, en épocas de sequía, como sucedió el último verano con Salsipuedes.

La semana pasada se desarrolló un simposio en Río Ceballos en el que se destacó que debido a la imprevisión señalada y a la falta de controles, la calidad del agua que recibe el principal dique de las Sierras Chicas es cada vez de menor. Por esa razón los costos de potabilización se incrementan periódicamente.

Con el fin de revertir ese cuadro, la Asociación Ecosistemas Argentinos motorizó un proyecto de creación de una reserva municipal en la cuenca del arroyo Mal Paso. De concretarse la iniciativa, se sumarían 1.500 hectáreas a la reserva hídrica La Quebrada e integraría a ambas a la de Los Quebrachitos. De ese modo, unas 10 mil hectáreas quedarían bajo protección.

La propuesta está desde hace dos años a consideración del Concejo Deliberante de Río Ceballos. "En un primer momento se le dio un fuerte impulso pero, aparentemente, a pedido del Ejecutivo y debido a supuestas presiones de empresarios inmobiliarios, su aprobación está demorada", señaló Maio. Los defensores del ambiente confían en que las autoridades municipales electas recientemente rescaten el proyecto y lo concreten. www.ecoportal.net

Héctor Brondo