Un atractivo espejo agua, ubicado en la localidad de La Calera, en cuyo entorno hoy las empresas Irsa y Euromayor quieren construir un mega-country de 430 hectáreas. Con ese fin, los vecinos de esa localidad denuncian que estas empresas están desalojando de tierras públicas, a familias históricas de la zona. Algunas de las cuales hace cuatro generaciones viven allí.
2009-07-23 -
El lugar es muy conocido. Tiempos atrás supo albergar a cientos de turistas fugaces que buscaban escabullirse, por unas horas, del aplastante verano cordobés. Tenía tres cualidades irresistibles: era gratis, quedaba a minutos de la ciudad, y sus aguas y paisajes autóctonos eran cautivantes. Se trata de la “Laguna Azul”. Un atractivo espejo agua, ubicado en la localidad de La Calera, en cuyo entorno hoy las empresas Irsa y Euromayor quieren construir un mega-country de 430 hectáreas. Con ese fin, los vecinos de esa localidad denuncian que estas empresas están desalojando de tierras públicas, a familias históricas de la zona. Algunas de las cuales hace cuatro generaciones viven allí.
Garitas y guardias de seguridad que impiden el acceso a la laguna. Ordenes de desalojo. Viviendas convertidas en escombros. Son evidencias de esas expulsiones, que por los relatos de las familias, se están realizando con el apoyo de los funcionarios del municipio de La Calera.
“A mi hace dos años que me enviaron la orden de desalojo. Mi marido cuando se enteró, a los seis meses murió. Trabajó toda sus vida en las Canteras Natal Crespo que están acá atrás” relata, con los ojos húmedos, “Doña Poro” ante Veintitrés. Ella tiene 70 años. Vive en al zona de Serrano, sobre la ribera del Río Suquia. Sus familiares hace unos 100 años habitan este lugar. “Es muy triste todo esto. Mi marido siempre decía que acá estaban sus raíces, y no se pensaba ir. Yo pienso lo mismo. Quiero dejarles esta casa a mis hijos y nietos” comenta.
Los lugares afectados por el arribo de este mega-country son dos: Serrano y La otra Banda. Allí viven unas 60 familias que ocupan en total unas diez hectáreas, de las 430 que detentan Irsa y Euromayor. Su mayoría son ex empleados de las empresas Cantera Natal Crespo y Minetti, que tras el cierre de estas fábricas pasaron a ser desocupados.
Aunque serían tierras públicas, durante años, estas familias tuvieron que pagarle un alquiler a la empresa Canteras Natal Crespo, para poder ocuparlas. Por eso no tienen escrituras, ni nada que se le parezca. “En esas zonas están los orígenes, la identidad misma de Calera” añade el edil del Frente Cívico Daniel Brizuela a esta revista.
Hasta la fecha, los pobladores de Serrano y La Otra Banda señalan que hay cuatro familias desalojadas. Ochos con órdenes de desalojo. Y otra decena que están en vías de ser desalojadas, según les hicieron saber funcionarios del municipio de La Calera, cuyo intendente es Juan Etchepare, ex periodista de Cadena 3.
“Nosotros no queremos que saquen las ocho familias que tienen ordenes de desalojo, por que después, van a venir por nosotros” explica, con ímpetu, Doña Chichí, quien con sus 76 años a cuesta es una de las vecinas más antiguas de “La Otra Banda”. Aclara: “Yo soy nacida y criada acá. Mis padres vinieron en 1923 antes que Minetti. Y de acá me van a tener que sacar con las patitas juntas”.
Tierra de "nadie"
Además de expulsar a familias antiquísimas, los habitantes de estos asentamientos denuncian que, las tierras de la cuales los están desalojando, no son propiedad de la empresas, sino de la provincia.
“Los asentamientos de Serrano y la Otra Banda están sobre tierras públicas” sostiene Graciela, otra vecina de La Calera, que ha investigado con profundidad el tema. Con el plano catastral en mano argumenta: “Estas familias están apostadas sobre la zona de ribera del río -camino que debe dejarse al borde de un curso de agua y que es de dominio público-. Por lo tanto esas tierras son públicas”.
Una recorrida por esos lugares permite comprobar que, efectivamente esos asentamientos estarían sobre la línea ribera del río cuyos límites están fijados en el Código Civil y por la Dirección Provincial de Aguas y Saneamientos de la Provincia –DIPAS-. Las cinco familias de Serrano viven frente al Río Primero, a escasos metros de la orilla. Mientras que las familias que habitan La Otra Banda, viven en una extensa franja de nueve hectáreas entre el viejo canal Maestro Sud y el Río Primero. Por lo tanto están entre dos líneas riberas.
A estas acusaciones se le añade que, en el plano catastral presentado ante la Provincia, estas empresas no dejaron ninguna línea ribera sobre el Río Suquia, a pesar que las resoluciones 2147/88 y 395/04 de DIPAS taxativamente lo exigen. Sus límites bordean toda la orilla del Río Primero que en su predio se extiende unos cinco kilómetros. Incluso, en algunos puntos, sus límites bordean el paredón del dique Mal Paso, cortan completamente la vía del ferrocarril General Bartolomé Mitre, y cortan el canal de riego Maestro Sud. Es decir interfieren bienes públicos.
Para Graciela, estas graves anomalías en la mensura tienen explicación. “El problema es que estos empresarios quieren que en estas tierras no haya nadie. Dado que estas antiguas familias de Calera, con sus viviendas modestas, perjudican sus negocios inmobiliarios, por que se encuentran en lo que sería la entrada al country. Por esos quieren quedarse hasta con la costa del río.”
Dicho de otro modo, se trataría de una discriminatoria privatización y “limpieza” del paisaje público, expulsando del mismo a sus antiguos moradores que no estarían a la altura de la selecta vecindad que se pretende incorporar. Dado que, vender un súper barrio cerrado, de alto estatus, no se puede lograr si en la entrada hay modestos ranchitos criollos.
Buenos muchachos
A simple vista, este conflicto entre antiguos vecinos de Calera, con las empresas desarrollistas, es desigual. La firma que pretende construir este mega-country figura bajo el nombre de “Canteras Natal Crespo S.A”. Una sociedad conformada por las empresas Irsa y Euromayor.
Irsa, es la mas grande inversora de bienes raíces de argentina. Su propietario es Eduardo Elsztain, ex-socio del especulador financiero internacional George Soros. Entre sus propiedades figuran ciento de miles de hectáreas de campo, shoppings, hoteles, etc. Irsa, cuyas acciones cotizan en la bolsa de New York, es la empresa que en el 2007 compró, en una cuestionada licitación, el Patio Olmos, hasta entonces propiedad de la Provincia. Compra que incluyó las dos salas de ensayo del Teatro Libertador San Martín.
Euromayor, por su parte, es una sociedad de inversión compuesta por varias empresas. A pesar de sus confusos traspasos accionarios, y maraña de sociedades, quien mueve sus hilos es Jaime Garbarsky, propietario de Ecipsa. Los contactos de Garbarsky alcanzan reconocidos hombres de negocios. En Córdoba, uno de sus principales socios es el ex ministro de economía de Pinochet Hernán Büchi.
Otra empresa integrante de Euromayor es J.E Robert. Una compañía norteamérica dedicada a inversiones inmobiliarias en todo el mundo, que tiene como asesor global para América Latina –léase lobbista principal- al ex presidente de España José María Aznar. Su vínculo con Garbasky se formalizó en julio del 2007. Ese mes, Azanar aterrizó en nuestro país y firmó un convenio por el cual, J.E. Robert se comprometió a invertir 26 millones de dólares, en los emprendimientos que estaba realizando el empresario argentino en el interior. Entre estos figuraba la construcción del mega-country en la Laguna Azul.
El proyecto
Casualmente, un mes después de que Aznar y Garbarsky sellaron el acuerdo comercial –agosto del 2007- los empresarios desarrollistas presentaron ante el concejo deliberante de La Calera, el proyecto del barrio cerrado en la Laguna Azul, que ahora se encuentra frenado. Paralelamente, comenzaron a enviar órdenes de desalojo a las históricas familias de Serrano y Otra Banda.
En ese proyecto se detalla que, debido las excepcionales características geográficas del predio, y su estratégica ubicación, se desarrollará un emprendimiento inmobiliario de gran magnitud. Específicamente su “Master Plan” contempla una inversión de 30 millones de pesos. Con el desarrollo de 2.000 lotes para viviendas de alto poder adquisitivo. La construcción de espacios comerciales, recreativos, y esparcimiento. Y el uso de cinco kilómetros de la línea ribera del Río Primero, tal cual como está establecido irregularmente en el plano catastral.
Simples cálculos permiten hablar de millonarias cifras en juego. Según fuentes consultadas, el valor promedio de un lote en un country de esta envergadura rondará los 60 mil dólares. Con lo cual, por la venta de los 2000 lotes, Irsa y Euromayor estimativamente obtendrán la friolera de 120 millones de dólares -456 millones de pesos-. Nada mal para una inversión de 30 millones de presos, sobre un terreno que según los balances de la empresa está valuado en 788 mil pesos.
En síntesis, estos avezados inversores pretenden apropiarse integralmente de la enorme plusvalía inmobiliaria que habrá en la zona, sin siguiera destintar una mínima parte de ella para indemnizar a los antiguos pobladores a los que quiere expulsar.
Sin representantes
Además de enfrentar fuertes intereses económicos, ante Veintitrés, las familias de Serrano y Otra Banda remarcan que también deben hacer frente a los funcionarios municipales, que parecieran estar del lado de los empresarios.
“El intendente Etchepare y sus funcionarios son unos atorrantes. Para que nos vayamos de acá nos ofrecen un plan de vivienda al lado del cementerio. Yo no quiero ningún plan de vivienda. Quiero quedarme acá” dispara Isabel, una curtida madre de cuatro hijos, que luego de vivir años entre paredes de caña y techo de chapa, está a punto de terminar su vivienda de materiales.
Isabel además comenta: “antes de las elecciones vino Etchepare, con sus funcionarios. Les plantemos el problema. Nos dijeron que estaban dispuestos ha hacer todo lo que esté a su alcance. Fijamos una reunión para la semana siguiente en el Concejo, sin embargo, a la reunión nunca fueron.”
Edgardo, otro vecino, añade que hace uno tiempo presentaron tambien ante el Concejo, un proyecto para declarar a las diez hectáreas en conflictos, como un parque ecológico y educativo. De esa manera, nos explica, no solo se resguardan las familias de Serrano y la Otra Banda, sino también se le da un trabajo digno, con un fin social. No obstante, comenta Edgardo, este proyecto, que preveía la expropiación de las diez hectáreas, fue totalmente soslayado por los concejales que responden a Etchepare.
En voz baja, señalan que hay razones para que algunos funcionarios adopten esta actitud. Una de ellas es que Ricardo Rojo, actual Secretario de Gobierno del municipio, hasta hace un tiempo estaba en la misma situación que las familias de Serrano y Otra Banda. Es decir, ocupaba un pedazo del predio de Irsa y Euromayor. Sin embargo, cuando el mega-country comenzó a tomar vuelo, Rojo apareció con la escritura del lote, que en el plano catastral figura bajo el nombre de su suegro Manuel Modesto Peludero. Allí, hoy, el Secretario de Gobierno construyó una elegante casa con pileta.
Ante este evidente ninguneo de los funcionarios municipales, los vecinos de Serrano y La otra Banda, con un escrito, recurrieron al cuestionado Defensor del Pueblo Mario Decara. Pero, el “Defensor del Pueblo”, a través de su secretaria les respondió que no podía hacer nada porque “no era un tema de su competencia”.
Aun así, a pesar de todas estas desavenencias, estas familias se muestran de pié y decididos a hacer valer sus derechos. “Antes la gente de acá era ignorante. Venía cualquiera con un papel que decía saque la mugre que tiene y salga a la calle por hay que demoler su rancho, y la gente entraba, sacaba lo poco que tenía, y se iba. Ahora eso se terminó. De acá no se va ir nadie. Nos vamos a quedar a luchar hasta el final, por lo nuestro, venga quien venga” asegura Eduardo, otro aguerrido vecino de La Otra Banda, parado a metros de las aguas del Río Primero.
Fotografía: sosperiodista
*Periodista 23
http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=45&mnu=127&idnota=5688
